A 30 años del plebiscito que rechazó la represa de Corpus, el debate vuelve a escena. Organismos binacionales y empresas constructoras impulsan una actualización del proyecto, mientras sectores sociales y políticos recuerdan la decisión popular de 1996.
Cada vez que resurge el tema de la represa de Corpus, la memoria histórica de Misiones se activa. Un artículo reciente titulado “A 30 años del NO a Corpus, vuelven a plantear el debate por la represa” da cuenta de un evento organizado por la Cámara Argentina de la Construcción en el Hotel Julio César. Allí, bajo el concepto de “actualización tecnológica”, se presentaron nuevos estudios de prefactibilidad y planes para minimizar el impacto ambiental, con la participación de un representante de la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP).
En 1996, el pueblo misionero se expresó en un plebiscito vinculante: el 88% votó en contra de la construcción de la represa. Para muchos, ese mandato popular sigue vigente. Sin embargo, los impulsores del proyecto —entre ellos empresas constructoras y actores vinculados a las binacionales— sostienen que las condiciones han cambiado y que es necesario revisar la decisión.
José Antonio López, delegado argentino de la COMIP, afirmó que se han “estudiado hasta los tornillos” y que el impacto ambiental sería menor que el de Yacyretá. No obstante, reconoció que no se ha consultado nuevamente a la población misionera. Esta postura genera controversia, ya que el debate no es solo técnico, sino también político y social.
La COMIP es un organismo binacional encargado de evaluar el aprovechamiento de los recursos del río Paraná en el tramo limítrofe. Se financia con aportes de ambos Estados y está exenta de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Sus estudios técnicos son la base de las propuestas que se presentan, pero para muchos críticos, estos análisis no contemplan la dimensión social y ambiental que implicaría una nueva represa.
Misiones ya ha cedido territorio y selva para la construcción de otras represas, como Yacyretá e Itaipú. El costo social y ambiental de esas obras es una realidad que aún pesa en la región. Por eso, cualquier nuevo proyecto debe ser evaluado con rigor, respetando la voluntad popular expresada en las urnas hace tres décadas.
El gobernador Hugo Passalacqua recordó recientemente la frase “el poder está en la gente”, que se convirtió en un principio de gestión. En este contexto, el desafío es que esa declaración se traduzca en acciones concretas que garanticen la participación ciudadana en decisiones que afectan el futuro de la provincia.