Productores, trabajadores, cooperativistas y funcionarios expusieron posturas opuestas sobre el impacto del DNU 70/2023 en la actividad yerbatera durante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados.
La crisis de la yerba mate desembarcó este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación con un plenario de las comisiones de Economía y Economías Regionales, donde productores, trabajadores rurales, cooperativistas, intendentes, legisladores y representantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) expusieron posturas opuestas sobre el impacto de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional a través del DNU 70/2023.
Durante varias horas, la Sala 1 del Anexo de Diputados fue escenario de un contrapunto entre quienes reclaman la restitución de las facultades del INYM para fijar precios mínimos y quienes sostienen que el libre mercado es el camino para modernizar la actividad.
Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales, llevó al recinto la realidad de los tareferos. Con una planta de yerba en la mano, intentó graficar el esfuerzo que implica cosechar la materia prima y la imposibilidad de sostener ingresos dignos. “Nos estamos yendo todos del país. Estamos yendo a otro lugar, a Brasil, donde conseguimos mejores condiciones laborales y mejores pagas”, advirtió. Cubilla relató que muchos trabajadores cobran por tonelada y que alcanzar los mil kilos diarios resulta prácticamente imposible. “Si a mí me están pagando 50 mil pesos por día, yo no estoy ganando 50 mil pesos por día porque es imposible que un trabajador haga los mil kilos de hoja verde por día”, sostuvo. La dirigente vinculó la situación con la desregulación: “A partir del minuto cero de este DNU nos desregularon nuestras vidas”.
El productor Ángel Ozeñuk, referente del norte misionero, defendió el rol histórico del INYM y cuestionó que mediante un decreto se hayan eliminado herramientas centrales de regulación. “No se puede pasar por alto una ley”, afirmó. Ozeñuk comparó la situación actual con la de 2023: “Hace tres años el kilo de hoja verde se pagaba cerca de 400 pesos y el gasoil costaba 190 pesos el litro. En aquel momento un productor necesitaba dos kilos de hoja verde para comprar un litro de gasoil. Hoy necesita once kilos y medio”. También denunció concentración económica y habló de “un monopolio yerbatero”.
La postura opuesta fue expresada por el presidente del INYM, Rodrigo Correa, quien realizó una defensa del nuevo esquema desregulado. “Nos encontramos con un organismo sobredimensionado en todas sus áreas y capturado por la inercia burocrática”, afirmó. Correa señaló que entre 2020 y 2023 la planta de trabajadores creció un 40% y que no existían controles operativos ni mecanismos claros de transparencia administrativa. Destacó que la actual gestión redujo cargos, modificó estructuras y disminuyó gastos internos. “El precio regulado operó históricamente como un impuesto invisible al consumo”, sostuvo. Según indicó, tras la eliminación de los valores mínimos obligatorios, el precio de la yerba en góndola cayó un 46%. “El instituto no volverá a implementar mecanismos de fijación o control de precios”, ratificó.
El diputado provincial Cristian Castro sostuvo que el mercado yerbatero funciona bajo una lógica de “oligopsonio”, donde pocos compradores concentran la demanda. “El 90% de los productores tiene menos de 30 hectáreas”, explicó, y señaló que las principales empresas concentran cerca del 40% del mercado. Cuestionó el argumento de la sobreproducción y presentó comparaciones entre 2021 y 2025 para afirmar que la diferencia actual radica en la caída del precio pagado al colono y en los extensos plazos de cobro. “Al productor le pagaron con cheques a 30, 60, 90 y hasta 120 días”, denunció.
El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad defendió el rol histórico del instituto y advirtió sobre las consecuencias económicas de la crisis yerbatera en Misiones. “Estamos ante un problema serio”, sostuvo. Remarcó que el INYM “no genera déficit para el Estado nacional” porque se financia con recursos propios. Advirtió que el sector productivo podría enfrentar pérdidas por unos 640 mil millones de pesos durante la zafra 2025-2026.
Desde La Libertad Avanza, el diputado Diego Hartfield respaldó la desregulación y consideró que el problema actual no fue generado por el DNU, sino por años de intervención estatal. “Nosotros justamente creemos que fue la regulación del precio el problema”, afirmó. Citó informes de Defensa de la Competencia de 2017 y sostuvo que los valores mínimos incentivaron sobreproducción y distorsiones de mercado.
El productor correntino Gustavo Quatrin, vinculado a Playadito, admitió que los valores actuales “son precios de abandono”, aunque rechazó que el Estado determine cuánto deben cobrar o vender los distintos actores. “La solución está en el mercado”, afirmó.
Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, defendió las políticas históricas del INYM y aseguró que la desregulación frenó “dos décadas de crecimiento y desarrollo”. “No pedimos mucho: precio justo y precio digno”, resumió.