El oficialismo emitió un comunicado en el que sostiene que la protesta fue una maniobra opositora y defiende el equilibrio fiscal como prioridad.
En medio de una masiva movilización nacional en defensa de la educación pública, La Libertad Avanza (LLA) emitió un comunicado oficial en el que calificó la jornada de protesta como una “marcha política opositora”. Desde el partido que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, minimizaron el reclamo de estudiantes y docentes al asegurar que se trata de una maniobra de “la política” que intenta instalar que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades.
La respuesta del oficialismo se apoya en un reciente triunfo judicial: la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió un Recurso Extraordinario Federal, lo que garantiza que la Ley de Financiamiento Universitario “seguirá suspendida hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Para LLA, esta ley es inviable porque “nació suspendida en su ejecución” ya que los legisladores “no determinaron en el Congreso las fuentes de su financiamiento”.
Bajo esa lógica, el partido considera que aplicar la ley implicaría un riesgo macroeconómico, ya que “equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos”. El comunicado ratifica el “compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal” y advierte que cualquier desvío presupuestario para la educación “implicaría más impuestos o emisión monetaria”, lo que se traduciría “en más inflación y más pobreza”.
De esta manera, el Gobierno coloca el orden de las cuentas públicas por encima de la emergencia que denuncian rectores y gremios, quienes advierten que el presupuesto actual no alcanza para cubrir salarios ni gastos básicos de investigación y mantenimiento. Para contrarrestar las críticas, el oficialismo apeló a una comparativa con la gestión anterior, alegando que ahora se cumple con los pagos de forma “mensual” frente a los “cuatro meses de atraso” del pasado. Además, destacó que el Presupuesto 2026 proyecta una partida de 4,8 billones de pesos y que la inflación anual se redujo al 31,5%, comparado con el 211,4% del gobierno del Frente de Todos.
Sin embargo, esta narrativa omite que el crecimiento nominal de las partidas suele ser devorado por la inflación acumulada y que el foco exclusivo en los gastos de funcionamiento ignora el derrumbe del salario docente. Al cerrar las puertas a una solución política del financiamiento, La Libertad Avanza confirma que su prioridad sigue siendo el ajuste, incluso si esto implica confrontar abiertamente con el sistema universitario nacional.
