Un proyecto de ley presentado en el Senado para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad motiva análisis y observaciones desde el Consejo Provincial de Misiones, que señala posibles impactos en prestaciones y pensiones.
La presentación en el Senado de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad ha generado un amplio debate en distintas jurisdicciones. Desde Misiones, la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, la licenciada Tatiana Antúnez, expuso una serie de consideraciones sobre la iniciativa en una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
Antúnez señaló que el proyecto propone cambios a nivel nacional que, según su perspectiva, podrían impactar en la vida de las personas con discapacidad. Uno de los puntos mencionados es la modificación del nomenclador único, el instrumento que regula los valores de las prestaciones en todo el país. «El proyecto busca eliminar el nomenclador único, que es donde se establecen los costos y pagos a los prestadores. Esto podría desordenar el sistema y generar una mayor desigualdad entre quienes brindan servicios», explicó la funcionaria.
Actualmente, ese esquema establece parámetros para los valores que abonan las obras sociales y prepagas. Según el análisis presentado, su eliminación llevaría a que cada prestador negocie individualmente, lo que, en su opinión, podría derivar en desigualdades en el poder de negociación y afectar la calidad del servicio.
La desregulación propuesta también fue vinculada por Antúnez a posibles efectos en el plano laboral de los prestadores, pudiendo, según su visión, afectar la previsibilidad en los cobros y las condiciones laborales. «Cuando se precariza al prestador, también se deteriora la calidad de las prestaciones. Y en discapacidad no estamos hablando de servicios opcionales, sino de necesidades básicas», afirmó.
Otro aspecto abordado son las modificaciones al sistema de pensiones no contributivas. El proyecto incorpora la figura de «suspensión preventiva» para quienes no se reempadronen o no estén dentro del sistema. «Esto habilita al Estado a cortar el beneficio incluso si la persona no fue notificada correctamente», advirtió Antúnez, quien también mencionó posibles dificultades en zonas rurales donde la información no siempre llega a tiempo.
Asimismo, se refirió a los cambios en la compatibilidad entre empleo y pensiones, indicando que el proyecto podría representar, a su juicio, un enfoque más restrictivo en materia de inclusión laboral para personas con discapacidad.
Frente a este escenario, se ha reportado que organizaciones del sector en distintos puntos del país están convocando a movilizaciones para expresar su postura sobre la iniciativa.