El Senado logró un dictamen de mayoría sobre el proyecto de Propiedad Privada, que elimina los topes para la compra de tierras por extranjeros pero otorga a las provincias la potestad de autorizar esas ventas.
La Libertad Avanza y bloques dialoguistas del Senado lograron dictaminar sobre el proyecto de Propiedad Privada. El dictamen mantiene la eliminación de los topes para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras, pero deja en manos de las provincias la potestad de aprobar esa venta.
El dictamen fue firmado con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Provincias Unidas y Despierta Chubut. Se discutirá en una sesión que se realizará en quince días, según anticipó la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich.
Fuentes parlamentarias informaron que la intención del oficialismo en esos quince días es sumar más voluntades de bloques opositores, como el bloque peronista de Convicción Federal.
La Libertad Avanza aceptó excluir el capítulo que establecía cambios en la ley de barrios populares, se incorporaron aspectos sobre el registro de terrenos y se modificaron aspectos sobre los desalojos para dar más plazo a los inquilinos de propiedades y de instituciones. Se distinguió entre usurpadores, donde se aplicará el criterio de juicio sumarísimo para desalojar, y aquellos que se demoraron en el pago de sus obligaciones, donde se establecerá un plazo de 10 días para intimar al moroso, en lugar de cinco como proponía el Gobierno.
La discusión se realizó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que presidió la libertaria neuquina Nadia Márquez. El peronismo insistió en que se convoque a una audiencia pública y pidió demorar el dictamen hasta la próxima semana.
El despacho de mayoría obtuvo diez firmas en la comisión de Asuntos Constitucionales y nueve en Legislación General. Convicción Federal impulsó su propio despacho de minoría.
Al abrir el debate, Bullrich señaló que “los cambios surgieron de los aportes realizados tanto por expositores como por senadores de distintos bloques”. Explicó que “una de las modificaciones fue la fijación de límites al lucro cesante en expropiaciones, la definición de una tasa de interés concreta, la diferenciación entre usurpadores y ocupantes legítimos en los desalojos y la decisión de retirar el capítulo referido al RENAVAP para debatirlo en una ley específica”.
Sobre la eliminación de los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras, Bullrich señaló que “apunta a fortalecer el federalismo, dejando en manos de cada provincia la regulación sobre posibles restricciones a la venta de tierras a extranjeros”.
En cuanto a los cambios en la ley del Manejo del Fuego, Bullrich detalló que “el objetivo de esta ley es buscar un acuerdo entre las propuestas que trajeron distintos expertos y los bloques, salir de una visión centralista y, como se hizo con Glaciares, dejar a las provincias decidir de acuerdo a la realidad y potestad de cada provincia”.
Desde el peronismo, la senadora Jimena López rechazó la decisión del oficialismo de tratar hoy el despacho de comisión al afirmar que “nos están haciendo circular un dictamen con varias modificaciones y sin tiempo para poder analizarlo”. Propuso “una nueva reunión de la comisión hasta tanto cada senador haya analizado el proyecto y no firmar un dictamen en el aire”.
El ex gobernador Jorge Capitanich reclamó que “la Ley 26.815 de Manejo del Fuego debe ser congruente con la Ley 25.675 General del Ambiente y con el Acuerdo de Escazú, por lo que consideró que el capítulo referido al manejo del fuego incluido en el proyecto debería ser sometido a un régimen de audiencias públicas”.
En cambio, el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, destacó que “muchas de las modificaciones que leyó la senadora Bullrich son propuestas que habíamos hecho nosotros como bloque, por lo tanto acompañamos el dictamen y también estamos abiertos a que hasta llegar al recinto se puedan ir sumando nuevos cambios”. Sobre la facultad que tendrán las provincias para definir las compras de tierras de extranjeros, Vischi señaló que “como es una facultad de las provincias velar por los intereses de los recursos naturales, no es una contradicción que se pueda habilitar a que cada provincia haga una reglamentación especial respecto de la compra de bienes rurales por extranjeros”.
La presidenta del bloque de Convicción Federal, Carolina Moisés, dijo que sobre “la potestad que tienen las provincias sobre sus propias jurisdicciones no están diciendo nada nuevo ni que no esté en la Constitución. A las provincias les dan la facultad de decidir sobre las excepciones, pero a la vez debe autorizar el Poder Ejecutivo Nacional”.
Tierras
El proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros cuando no participe ningún país extranjero. Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. Se prohíbe que puedan comprar tierras estados extranjeros y otras organizaciones empresariales donde un Estado extranjero tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias o fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un Estado extranjero.
Desalojos
Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos de inmuebles usurpados, mientras que en el resto de los casos se mantienen los actuales plazos de intimación. Habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler, que se deberá hacer en forma fehaciente. La notificación será dirigida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea real o electrónico, y se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley, que son 10 días hábiles.