Un análisis sobre la calidad institucional, la filtración de videos en la Legislatura y el rol de los diputados misioneros en un contexto de tensiones políticas y debates sobre el futuro de la provincia.
En las últimas semanas, la Cámara de Diputados de Misiones ha sido escenario de una serie de episodios que ponen en tela de juicio la calidad institucional de la provincia. La filtración de un video de seguridad interna, la protesta de dos legisladores en la vereda del Palacio Legislativo y el silencio del resto del cuerpo han generado un debate sobre el rol de los representantes y la transparencia en la gestión pública.
El hecho más resonante ocurrió cuando los diputados Miguel Núñez y Ramón Amarilla decidieron sacar un escritorio y sillas a la vereda del edificio, denunciando que la calle les brindaba más seguridad que el propio recinto. La protesta buscaba visibilizar la filtración de videos del sistema de seguridad interna, que mostraban a una enfermera opositora ingresando a la oficina de Núñez. Los legisladores del bloque Algo Nuevo calificaron el hecho como un acto de «inteligencia y persecución a opositores».
Sin embargo, la respuesta del resto de los diputados fue el mutismo. Esta situación, sumada a otros episodios como el del diputado Walter Ríos, quien condicionó sus votos a cambio de favores políticos, refleja una dinámica de intercambio de favores que, según analistas, degrada la función legislativa.
En paralelo, el gobernador Hugo Passalacqua, en su discurso de apertura de sesiones del 1 de mayo, marcó una hoja de ruta basada en la soberanía fiscal y la defensa de los intereses de Misiones. Anunció la suspensión del pago a cuenta del «Control Fiscal en Ruta» para el 95% de las pymes durante 12 meses, una medida que busca oxigenar a los pequeños contribuyentes en un contexto de contracción económica nacional.
Passalacqua también destacó la asimetría fiscal que sufre la provincia: «Los que vivimos en Misiones aportamos 476.000 millones de pesos por mes en impuestos nacionales y solo retornan 170.000 millones». Esta desigualdad, según el gobernador, obliga a la provincia a fortalecer su recaudación propia para sostener servicios esenciales como salud y educación.
Otro tema central en la agenda provincial es el debate sobre la represa de Corpus. A 30 años del plebiscito que rechazó el proyecto con un 88% de los votos, sectores vinculados a la construcción y la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP) han reabierto la discusión. Organizaciones sociales y ambientalistas advierten que el proyecto no debe avanzar sin consulta popular, mientras que el gobierno provincial mantiene una postura de defensa del mandato de 1996.
En el plano legislativo, el proyecto de «Ficha Limpia» presentado en la Cámara de Diputados de Misiones ha generado controversia. A diferencia de la iniciativa nacional, la versión provincial establece causales de inhabilitación más amplias, como deudas alimentarias o infracciones de tránsito, lo que ha sido criticado por algunos sectores que consideran que podría ser utilizado para excluir a opositores políticos.
El diputado Ramón Amarilla expresó su preocupación: «Quieren excluir a opositores con una ley que excede los objetivos pretendidos y vulnera el derecho a defensa». Por su parte, el oficialismo defiende la iniciativa como un paso hacia la transparencia electoral.
En este contexto, el llamado a la «Cultura del Encuentro» impulsado por el gobernador Passalacqua busca fortalecer la cohesión social y la participación ciudadana. «El poder está en la gente», recordó el mandatario, en alusión a la frase fundacional de la Renovación. La provincia enfrenta el desafío de equilibrar el desarrollo económico con la preservación de su identidad y sus recursos naturales.