Ocho integrantes de la comunidad Puente Quemado II volvieron al lote en Paraje Cañafístola, acompañados por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen, tras un desalojo que califican como encubierto.
Los ocho integrantes de la comunidad mbya Puente Quemado II regresaron al predio en el que residen, sobre el Lote 178, Parcela 141 del Paraje Cañafístola, de donde el pasado martes 5 de mayo fueron desalojados “de manera encubierta” y demorados durante toda la tarde en la comisaría local. El regreso se produjo hoy a la siesta, acompañados por miembros del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), quienes los respaldan legalmente.
“Estamos en el lugar, en el lote donde la comunidad decidió retomar su territorio y están todos acá”, anticipó a La Voz de Misiones una integrante de la organización. Y agregó: “Alrededor de las 15 llegaron efectivos de la Policía, tomaron fotos, se subieron a la camioneta y se fueron, pero creemos que podrían haber ido a buscar refuerzos”.
El arribo se dio a una semana de lo que calificaron como un “desalojo encubierto”, con traslado y demora policial, protagonizada por ocho integrantes de la comunidad, bajo una orden del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez, tras una denuncia por presunta “usurpación de territorio”, presentada por el empresario Alfredo Ruff. En ese momento, el cacique Santiago Ramos y otros siete integrantes de la comunidad fueron demorados en la Comisaría de Garuhapé, dependiente de la Unidad Regional IV, junto a varias mujeres que fueron llevadas con sus bebés y niños en brazos.
Ante una demora policial que se prolongó durante varias horas, el hecho fue repudiado públicamente por organizaciones como Emipa y la Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní (REGCHAG), quienes remarcaron la “gravedad” de la causa por “violar derechos indígenas” e incluir el traslado de menores. “Resulta particularmente grave que se pretenda encuadrar como “usurpación” una ocupación ancestral protegida por la Constitución Nacional Argentina, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio”, manifestaron a través de un comunicado. Y ahondaron: “El traslado y permanencia de mujeres, niños y niñas en sede policial constituye una situación de especial gravedad que vulnera estándares internacionales de protección y exige una intervención inmediata”.
Por estas horas los miembros de la comunidad temen al regreso de la fuerza provincial con nuevas actuaciones, frente a una causa que continúa en curso.