El Gobierno provincial creó un régimen de beneficios que cubrirá los costos de servicios básicos hasta diciembre de 2026 para garantizar la continuidad de la atención.
A través del Boletín Oficial de la Provincia, Misiones oficializó la creación del régimen de subsidios de agua potable y energía para centros que atienden a personas con discapacidad, una medida anticipada la semana pasada por el gobernador Hugo Passalacqua.
Mediante el Decreto N° 657, la Provincia dispuso la creación del programa “Régimen de beneficios para Centros y Establecimientos Categorizados como Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad”. Se trata de un esquema extraordinario y transitorio que cubrirá los costos de energía eléctrica y agua potable desde mayo hasta diciembre de 2026, con el objetivo de sostener su funcionamiento ante la crisis de financiamiento.
La medida se enmarca en la grave afectación del flujo de fondos que atraviesan los centros prestadores, producto de la acumulación de deudas por parte del Estado nacional. Según se detalla en el decreto, esta situación pone en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales y configura una “emergencia prestacional” en el sector.
Frente a la falta de respuestas del Gobierno nacional, la administración provincial decidió intervenir para garantizar servicios contemplados en la Ley 24.901, que establece la cobertura integral para personas con discapacidad. Las transferencias se realizarán directamente a las prestatarias, como Electricidad de Misiones S.A. (EMSA), Servicios de Aguas de Misiones S.A. (SAMSA) y cooperativas de servicios, que deberán trasladar el beneficio a los centros.
Podrán acceder al programa los establecimientos que cumplan con los requisitos establecidos. El beneficio será suspendido ante irregularidades o pérdida de habilitación. Con esta decisión, el Gobierno de Misiones concreta una de las medidas anunciadas días atrás por Passalacqua, orientada a garantizar la continuidad de la atención a personas con discapacidad.
La implementación quedará a cargo del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Salud Pública, que definirán los alcances operativos y el listado de beneficiarios.