La legislación provincial que regula el control patrimonial de los funcionarios públicos en Misiones mantiene las declaraciones juradas bajo carácter reservado, generando un contraste con la normativa nacional.
La ley IV – Nº 21 del Digesto Jurídico de Misiones (ley 2666) establece que las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios provinciales y municipales tienen carácter estrictamente reservado y confidencial, y se encuentran bajo resguardo de la Fiscalía de Estado. Para acceder a esa información, se requiere una causa penal abierta y una orden judicial.
En contraste, a nivel nacional la Ley de Ética Pública (Ley 25.188) obliga a los funcionarios de los tres poderes a presentar declaraciones juradas de acceso público, disponibles en el sitio web de la Oficina Anticorrupción. Esto implica que un diputado nacional por Misiones tiene su patrimonio expuesto al control ciudadano, mientras que un diputado provincial o un intendente local mantienen sus datos bajo secreto.
La provincia cuenta con la Ley IV – Nº 58 (Ley 4474), sancionada en 2012, que regula el libre acceso a la información pública. Sin embargo, el artículo 6 de esa norma contempla excepciones como la reserva de notas internas o datos que afecten intereses de terceros, lo que, según críticos, limita su aplicación práctica.
El debate se enmarca en un contexto de discusión sobre reformas electorales en Misiones, impulsadas por el espacio político Encuentro Misionero, que incluyen temas como ficha limpia, ley de lemas y reelección de intendentes.