La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) expuso ante la Cámara de Diputados que desde el 10 de diciembre de 2023 se perdieron 91.000 puestos de trabajo formales en el sector, más de la mitad vinculados a la construcción de viviendas.
La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) informó en la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados que desde la asunción del presidente Javier Milei se perdieron 91.000 empleos formales en la industria de la construcción. La comisión es presidida por el diputado Itai Hagman, de Unión por la Patria, y en la sesión se analizaron temas como la inversión pública, la vivienda social y el plan PRO.CRE.AR.
El director Ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gustavo Gándara, afirmó que “desde que asumió el gobierno actual se han perdido 91 mil puestos formales en la industria de la construcción, de los cuales entre 35 a 50 mil están dedicados a la construcción de la vivienda, y en particular a la vivienda social, que es mano de obra intensiva en comparación con las cuestiones viales”. Gándara solicitó “tener datos fehacientes sobre la construcción de viviendas sociales en Argentina” y pidió “generar un estándar en términos de las normativas provinciales y municipales que traban permanentemente el desarrollo de la vivienda”. También señaló que existe “una dolencia del Estado que es la ausencia de políticas de formación para la recalificación de los trabajadores”.
El titular de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Iván Szczech, declaró que “debido al costo en dólares del metro cuadrado que imposibilita el desarrollo privado; y, si a eso le sumamos la falta de financiamiento y de crédito, hoy el acceso a la vivienda lamentablemente es un lujo para los argentinos”. Agregó que “más allá de los diferentes gobiernos, todos tenemos un deber que es trabajar para que deje de ser así”.
El presidente del Consejo Nacional de la Vivienda y secretario de Hábitat y Vivienda de Santa Fe, Lucas Crivelli, consideró “fundamental que se pueda trabajar en una ley nacional de vivienda” y propuso una tarea conjunta entre provincias, municipios, el sistema financiero y el sector inmobiliario para “encaminar todo lo necesario para que en un plazo de 10 o 15 años el déficit habitacional, que pensábamos que podía llevar 60 años, se salde y se achiquen los plazos”.
La titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa, Érica Riboyra, manifestó que “cuando el Estado se corre, para el rol de construcción de vivienda no aparece mágicamente el mercado inmobiliario a solucionar ese problema” y destacó que “es fundamental que construyamos una Argentina que incluya a todos, también en materia de vivienda”.