El juez federal de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, dio un plazo de 72 horas para que el PAMI y el Ministerio de Salud de la Nación regularicen las prestaciones de discapacidad, en el marco de un amparo colectivo.
El juez federal de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación, a través del programa Incluir Salud, que normalicen de manera urgente los pagos correspondientes a prestaciones de discapacidad. La resolución establece un plazo máximo de 72 horas para su cumplimiento.
La medida cautelar, que tendrá vigencia por seis meses o hasta que se dicte una sentencia firme, fue emitida en respuesta a un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos locales.
El fallo busca proteger a las personas que perciben pensiones no contributivas y a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Según los amparistas, la falta de pagos pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales.
En su resolución, Vaca Narvaja señaló que las “demoras crónicas” y la interrupción en la entrega de medicamentos implican un “riesgo inminente” para los beneficiarios. El texto judicial indica que “la falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica”.
El juez citó un informe del Centro Educativo Mi Lugar, que sostiene: “Además de los inconvenientes económicos financieros que genera el retraso en los pagos, la interrupción de la periodicidad de estos constituye un agravante sustancial, que pone seriamente en riesgo la continuidad de las prestaciones”.
La resolución plantea que el Estado intentó “evadir o dilatar sus obligaciones constitucionales de protección integral”. Como ejemplo, el magistrado mencionó que el Cottolengo Don Orione debió afrontar una deuda de 41 millones de pesos en intereses ante ARCA por aportes y contribuciones impagas durante 2026, debido a los atrasos en los cobros estatales.
Hace un mes, organizaciones vinculadas a la discapacidad, familiares y afectados se movilizaron para reclamar el pago de la deuda acumulada con prestadores y profesionales, y para que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada en septiembre del año pasado. La ley fue promulgada, pero el Poder Ejecutivo suspendió su ejecución argumentando que el Congreso debe determinar las fuentes de financiamiento e incluir las partidas en el presupuesto nacional.