El Tribunal Penal 1 de Posadas fijó para la primera semana de agosto el juicio oral contra una mujer de 48 años, empleada municipal, imputada por la muerte de su hija de 15 años con discapacidad ocurrida en julio de 2013 en el barrio Las Rosas. El debate, originalmente previsto para junio, fue pospuesto tras un planteo de la defensa.
El Tribunal Penal 1 de Posadas reprogramó para el 3 al 7 de agosto el juicio oral contra una mujer imputada por el delito de “abandono de persona agravado por el vínculo y el resultante de muerte”, en relación al fallecimiento de su hija de 15 años con discapacidad registrado en julio de 2013 en el barrio Las Rosas de Posadas.
El debate había sido pautado inicialmente del 22 al 26 de junio, pero fue pospuesto tras el pedido del defensor oficial 4, Miguel Ángel Varela, quien alegó no estar en condiciones de responder en “igualdad de condiciones” debido a que se encontrará de turno durante el mes próximo. Varela solicitó posponer el juicio para octubre, lo que ponía la causa al borde de la prescripción. Tras gestiones del tribunal ubicado en calle La Rioja 1561, se logró una nueva fecha en agosto.
Según publicó PRIMERA EDICIÓN, el expediente 49/2014 fue hallado en un armario del TP-1 entre causas por prescribir, con plazos vencidos y por delitos menores sin detenidos. En 2017 había sido agendado como probable fecha de debate oral, pero no se realizó. La víctima fue encontrada sin signos vitales, desnutrida y deshidratada, en una pieza-depósito del barrio Las Rosas. Vecinos desconocían su existencia.
En 2014, la imputada fue notificada de la elevación a juicio oral bajo la calificación de “abandono de persona agravado por el vínculo y el resultante de muerte”. La defensa apeló la resolución del juez de Instrucción 6, Ricardo Walter Balor, y la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de la provincia ratificó la acusación. Según consta en el expediente, la menor no vivía con su madre, sino con su abuela y una tía. Diez días antes del fallecimiento, tía y abuela viajaron a Corrientes por un tratamiento de salud, y la madre asumió nuevamente el cuidado. La autopsia determinó desnutrición y deshidratación. Cuando la policía ingresó al domicilio, encontró el cuerpo sobre un colchón en el piso, en un espacio que aparentaba un depósito.
Compañeros de trabajo de la acusada, allegados y vecinos desconocían que tuviera una hija con discapacidad. Solo tenían conocimiento de una hija menor bajo resguardo de su padre, separado de la madre.
No se pudo establecer responsables por la demora en el juicio. Entre 2015 y 2025 la conformación total de los jueces del TP-1 fue modificada, incluso su Fiscalía. Trascendió que la causa no estaba digitalizada en el SIGED y su único soporte era el expediente papel. En 2017 la entonces fiscal Liliana Picazo ofreció pruebas poco antes de ser elegida miembro del Superior Tribunal de Justicia. Luego se jubilaron los jueces Martín Errecaborde, Eduardo D’Orsaneo y Ángel Dejesús Cardozo, y asumieron Viviana Gladis Cukla (agosto 2021) y Gustavo Arnaldo Bernie (diciembre 2022). También asumió como fiscal Martín Alejandro Rau (noviembre 2018), actualmente juez del Tribunal Penal 2.