La Justicia admitió a asociaciones proteccionistas como querellantes en la investigación por la desaparición de 23 perros tras el fallecimiento de su dueña en Guaraní, caso que involucra al intendente local.
La Justicia resolvió admitir como querellantes particulares a las asociaciones proteccionistas de animales en la causa que investiga la desaparición de 23 perros tras el fallecimiento de su dueña en la localidad de Guaraní, caso cuya responsabilidad se le atribuye al intendente local, Miguel Ángel Vargas.
La decisión judicial rechazó el planteo del fiscal de Instrucción Uno, Estanislao Elías Bys, quien se había opuesto a la participación de las asociaciones civiles al considerar que no tenían “legitimación activa” para intervenir en el expediente, ya que no eran “titulares” ni “responsables” directas de los animales involucrados.
Sin embargo, el juez Horacio Alarcón, subrogante en el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, donde se tramita la causa, entendió que los hechos investigados trascienden un interés individual y afectan un “bien jurídico colectivo”, vinculado a la protección animal y al interés social. En ese sentido, en su resolución, el magistrado Alarcón sostuvo que las asociaciones sí pueden intervenir como querellantes por su objeto estatutario de defensa de los animales.
La resolución también menciona antecedentes judiciales vinculados al reconocimiento de animales como “sujetos de derecho”, entre ellos el caso de la orangutana Sandra, utilizado como fundamento para ampliar la interpretación sobre quién puede actuar en defensa de los animales dentro de un proceso penal. No obstante, la resolución condicionó la participación formal de algunas asociaciones a que completen documentación pendiente sobre vigencia institucional y personerías jurídicas.
“La intervención de las asociaciones en carácter de querellantes contribuye a fortalecer el impulso de la acción penal, sin desplazar ni afectar el rol del Ministerio Público Fiscal”, apuntó el juez Alarcón en su escrito. Y añadió que, “en virtud de lo expuesto”, corresponde “adoptar una interpretación amplia, sistemática y acorde a los principios constitucionales, reconociendo legitimación activa a las asociaciones presentantes para intervenir en el presente proceso en carácter de querellantes particulares”.
La presentación fue realizada por la abogada Micaela Pereira, en representación de la Fundación Dante Piesco, responsable del Centro de Rescate Fauna Silvestre Ohana, en conjunto con las asociaciones Angelitos con Cola, Huellitas del Monte, Refugio El Campito y Protegiendo la Vida. Como impulsoras de la investigación judicial, las organizaciones proteccionistas solicitaron allanamientos, excavaciones, el secuestro de dispositivos electrónicos de los involucrados, entre ellos el intendente Vargas, y peritajes sobre maquinaria de la Municipalidad de Guaraní, además de citar a indagatoria a varios de los apuntados en la investigación por la desaparición de los 23 perros en la localidad.
Cabe recordar que, días atrás, integrantes de las asociaciones mantuvieron un cruce con el fiscal Estanislao Bys en la fiscalía, luego de que la letrada Pereira perdiera acceso al expediente de la causa, mientras que, en paralelo, quienes las acompañaban realizaban una manifestación para reclamar el avance de la investigación y que se les permitiera actuar como querellantes.