Un grupo de seis agentes que fueron pasados a disponibilidad tras el conflicto salarial de 2024 mantiene una protesta pacífica en la Plaza 9 de Julio. Sin respuestas oficiales, uno de ellos radicó una denuncia en Comodoro Py.
Desde el pasado 6 de abril, los expolicías Adolfo Guirulay y Diego Correa iniciaron un acampe frente a Casa de Gobierno, encadenados a las rejas, para reclamar su reincorporación a la fuerza provincial. Fueron removidos por “episodios de indisciplina” vinculados al conflicto salarial de 2024. Ambos integraron el grupo de ocho agentes detenidos y luego liberados por presunto “intento de sedición y conspiración”.
Con el correr de los días se sumaron Gerardo Marín, Juan Méndez, Sergio Mucheviczy y el sargento primero Néstor Rubén Zarza. Hoy superan los 33 días de acampe en la Plaza 9 de Julio, en Posadas. Los manifestantes aseguran que continúan sin respuestas oficiales.
Este jueves 7 de mayo, Diego Correa presentó una denuncia penal ante el juzgado federal de Comodoro Py, en Buenos Aires, con “solicitud de investigación urgente”. La misma apunta contra el gobernador Hugo Passalacqua, el ministro Marcelo Pérez, el jefe de policía Sandro Martínez y el director del 911 Maximiliano Carletti. Los delitos denunciados incluyen abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, amenazas, coacción agravada, hostigamiento, persecución política, privación ilegítima de la libertad, torturas, asociación ilícita, violación de derechos constitucionales, falsedad ideológica, violencia institucional y posible terrorismo de Estado.
Según el documento, estos hechos habrían ocurrido desde la protesta de mayo de 2024. Correa sostiene que fue “apartado de manera ilegal, arbitraria y sin poder ejercer el derecho de defensa”.
La protesta se mantiene pacífica y “sin obstrucción”. Sin embargo, la Municipalidad de Posadas notificó una denuncia del Ministerio de Gobierno por presunto bloqueo de la libre circulación peatonal. “No estamos obstruyendo nada, así que seguimos acá tranquilos”, afirmó Correa.
En la Legislatura provincial, el diputado Ramón Amarilla (Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores) presentó dos iniciativas. Calificó el pase a disponibilidad como un “castigo silencioso, burocrático y profundamente injusto”. Solicitó tratamiento preferencial de los proyectos C69.872/26 y D69.871/26, que reflejan “preocupación ante la brecha entre la institución y sus integrantes”. Amarilla recordó que al pasar a disponibilidad el efectivo pierde el uniforme, el arma reglamentaria y no percibe haberes, y defendió el derecho constitucional a la libertad y dignidad.