Un grupo de seis agentes que fueron pasados a disponibilidad tras el conflicto salarial de 2024 cumple más de 33 días de protesta pacífica en la Plaza 9 de Julio. Sin respuestas oficiales, uno de ellos radicó una denuncia penal ante la justicia federal.
El pasado 6 de abril, los ex policías Adolfo Guirulay y Diego Correa iniciaron una protesta frente a Casa de Gobierno, instalando una carpa, carteles y encadenándose a las rejas para reclamar su reincorporación a la fuerza provincial. Ambos fueron pasados a disponibilidad y removidos por “episodios de indisciplina” vinculados al conflicto salarial de 2024. Se trata de dos de los ocho policías que, tras aquella protesta, fueron detenidos y luego liberados en una causa por presunto “intento de sedición y conspiración”.
Con el correr de los días se sumaron Gerardo Marín, Juan Méndez, Sergio Muchevicz y el sargento primero Néstor Rubén Zarza, quienes ya superaron los 33 días de acampe en la Plaza 9 de Julio. Los manifestantes aseguran que continúan sin respuestas oficiales, por lo que Diego Correa presentó una denuncia penal ante el juzgado federal de Comodoro Py, en Buenos Aires.
La denuncia apunta contra el gobernador Hugo Passalacqua, el ministro Marcelo Pérez, el jefe de policía Sandro Martínez y el director del 911 Maximiliano Carletti, por posibles delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas, coacción agravada, hostigamiento sistemático, persecución política, privación ilegítima de la libertad, torturas, apremios ilegales, asociación ilícita, violación de derechos y garantías constitucionales, falsedad ideológica, utilización abusiva de sistemas de inteligencia y seguridad, violencia institucional y persecución sindical.
Correa afirmó que fue “apartado de manera ilegal, arbitraria y sin haber podido ejercer debidamente el derecho constitucional de defensa”. El reclamo también fue visibilizado por el diputado provincial Ramón Amarilla, quien presentó dos iniciativas en la Legislatura provincial. Amarilla calificó el pase a disponibilidad como un “castigo silencioso, burocrático y profundamente injusto” y recordó que al pasar a disponibilidad el efectivo pierde el uso del uniforme, su arma reglamentaria y no percibe sus haberes.
En tanto, la Municipalidad de Posadas notificó al campamento una denuncia del Ministerio de Gobierno por presunta obstrucción de la libre circulación peatonal, pero los manifestantes aseguran que no bloquean el paso y que continuarán en el lugar.