El gobernador Hugo Passalacqua dispuso que la provincia cubra los gastos de luz y agua de centros categorizados que atienden a personas con discapacidad, ante el retiro de fondos nacionales.
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso que la provincia asuma los costos de energía eléctrica y agua potable en centros categorizados que atienden a personas con discapacidad, como medida que intenta dar respuesta a la interrupción de financiamiento nacional, por lo que también se comprometió a recuperar esos fondos a través de Nación.
De esta manera, mediante el Decreto Nº 657 fue creado el “Régimen de beneficios para Centros y Establecimientos Categorizados como Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad”, con vigencia desde mayo y hasta el 31 de diciembre de 2026. Luego, fue comunicado por el propio mandatario provincial a través de su cuenta personal de X.
“Como sabrán, la Nación retiró la ayuda a las personas con discapacidad. En función de eso hemos tomado la decisión de ayudarlos haciéndonos cargo desde la provincia del consumo de energía y agua de todos los centros de asistencia y ayuda registrados en la provincia”, afirmó Passalacqua.
Más allá de la mencionada medida, el gobernador se comprometió a recuperar los fondos antes percibidos. “Además de esta ayuda, por supuesto seguiremos insistiendo fuertemente ante Nación para que esos recursos vuelvan a este sector de la sociedad que tanto apreciamos, cuidamos, protegemos y queremos”.
En declaraciones realizadas la semana pasada, el mandatario había anticipado la decisión al señalar que “Hace meses que el Ministerio de Salud de la Nación no les gira los fondos y se trata de espacios de alta sensibilidad”, y sostuvo: “Vamos a hacernos cargo del consumo de luz y agua de estos centros como una forma de aliviar la carga y hacer sostenible una situación muy compleja”.
Asimismo, advirtió que el desfinanciamiento acumulado representa “Una cifra importante, cercana a los 2.500 millones de pesos” y remarcó la necesidad de intervención estatal: “No podemos hacernos los distraídos. Hay que hacer un esfuerzo, sacar recursos de otros lugares y ponerlos donde más se necesitan”.
La normativa establece que el beneficio consiste en un subsidio destinado a cubrir consumos mensuales de hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 m³ de agua potable por institución, mediante transferencias directas a las prestatarias, entre ellas Electricidad de Misiones S.A. (Emsa), Servicios de Aguas de Misiones S.A. (Samsa) y cooperativas de la provincia.
El decreto precisa que podrán acceder al régimen los centros que cuenten con categorización vigente otorgada por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, y que acrediten que al menos el 60% de sus pacientes sean afiliados al Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM) o beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud. Además, se establece que deberá existir coincidencia entre el domicilio de prestación del servicio y el registrado en la habilitación correspondiente, y se dispone la suspensión automática del beneficio ante irregularidades o vencimiento de las condiciones exigidas.
La implementación quedará a cargo del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, en articulación con el Ministerio de Salud Pública, que actúa como autoridad de categorización.
En los considerandos del decreto se advierte que la falta de pago y la acumulación de deudas por parte del Estado nacional generan “una grave afectación en el flujo de fondos” y una “emergencia prestacional inminente”, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales. En ese marco, el gobierno de Misiones sostiene que resulta “imperativo intervenir para garantizar la continuidad de estos servicios esenciales”, en línea con lo establecido por la Ley Nacional Nº 24.901, que garantiza la cobertura integral para personas con discapacidad.