Por tercera vez en 2025, familias, profesionales y centros de prestación marcharon en la capital misionera y otras ciudades del país para reclamar contra la demora en los aranceles y alertar sobre un proyecto de reforma legislativa.
En Posadas, la concentración principal se realizó en la plaza 9 de Julio, desde donde los manifestantes se dirigieron al Palacio Legislativo para expresar su rechazo a la posible desregulación del nomenclador único de prestaciones. Esta herramienta, según los manifestantes, garantiza equidad en los servicios para personas con discapacidad.
La trabajadora social Marita Peralta señaló que la flexibilización del esquema permitiría que cada obra social fije sus propios valores y seleccione prestadores, lo que podría dejar a muchos usuarios sin cobertura efectiva. “Si no hay acuerdo económico, el servicio no se brinda”, advirtió, y agregó que ninguna obra social está al día con los pagos, con retrasos promedio superiores a los seis meses.
Mirta Beck, madre de una joven con discapacidad, indicó que el sector atraviesa un momento inédito por su gravedad. “Hay chicos que no acceden a insumos básicos como leche o pañales”, relató. En tanto, Carmen Ecónomo contó que su hijo apenas pudo asistir a actividades durante el año debido a la crisis de los prestadores.
Alcira Velázquez, alumna del Centro Especial Misiones, reclamó por la continuidad de las clases y el transporte, y pidió que se regularicen los pagos para garantizar la asistencia diaria.
Desde el Consejo Provincial de Discapacidad, su presidenta Tatiana Antúnez calificó el proyecto de reforma como riesgoso. Explicó que la eliminación del nomenclador único obligaría a cada prestador a negociar individualmente con obras sociales o prepagas, generando desigualdad y precarización laboral. También alertó sobre la posibilidad de suspender pensiones no contributivas mediante un reempadronamiento obligatorio, lo que podría dejar a muchas personas sin ingresos, especialmente en zonas rurales.
Antúnez cuestionó la falta de información sobre el uso de fondos específicos, como el Fondo Nacional de Discapacidad, que en lo que va del año no registró convocatorias.