Dos ex sargentos se unieron al acampe iniciado por otros dos ex agentes frente a la sede gubernamental, en un reclamo pacífico por volver a la fuerza provincial.
Durante la madrugada de este jueves, caracterizada por una lluvia persistente, los ex sargentos primeros Gerardo Marín y Juan Méndez se sumaron a la medida de fuerza iniciada el día anterior por los ex policías Adolfo Guirula y Diego Correa. Los cuatro permanecen encadenados frente a las ventanas de la Casa de Gobierno, bajo un toldo rojo, reclamando su reincorporación a la Policía de Misiones.
Según informó a La Voz de Misiones una familiar de uno de los manifestantes, Marín y Méndez se desempeñaban en el cuartel de bomberos al momento de las protestas salariales de mayo de 2024. La fuente indicó que el actual jefe de Policía, Sandro Martínez, los pasó a retiro obligatorio tras acusarlos de traición, por haber estado de guardia el día en que un camión autobomba se sumó a aquella manifestación en la avenida Uruguay. Cabe recordar que Guirula y Correa se encuentran entre los ocho detenidos en la causa por presunto intento de sedición y conspiración vinculada a esos reclamos.
La protesta se desarrolla de manera pacífica y cuenta con el acompañamiento de integrantes de la denominada «familia policial», quienes han estado presentes brindando asistencia a los ex uniformados.
En otro fallo judicial, la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2, Silvina Inés Bacigalupi, hizo lugar a una medida cautelar contra la empresa Samsa, impulsada por unos 15 vecinos del barrio Itaembé Guazú. La magistrada ordenó a la empresa habilitar el pago mínimo a los usuarios y le prohibió cortar el suministro de agua.
La resolución, a la que accedió este medio, fundamenta la decisión en la «verosimilitud del derecho y el peligro en la demora». El amparo, patrocinado por el abogado Horacio Enrique Koncke y con gestiones del concejal Fernando Zarza, señala que los demandantes recibieron liquidaciones «con montos exorbitantes y desproporcionados» entre enero de 2025 y marzo de 2026, los cuales no guardarían relación con su consumo histórico.
El fallo también critica al Ente Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac) por «faltar a su deber de control» y ofrecer como «única respuesta» planes de pago con tasas de interés elevadas. Asimismo, la jueza hizo referencia a evidencia técnica presentada ante el Honorable Concejo Deliberante sobre la «intrusión de aire» en la red, documentada con soportes audiovisuales y monitoreo con Data Loggers, calificándola como «una realidad hidráulica documentada».
La resolución acusa a Samsa de una «conducta contumaz» por ignorar los reclamos técnicos y al Eprac por la «ineficacia del control». En consecuencia, se ordenó la suspensión de la ejecución judicial de deudas por facturas de 2025 y 2026, la suspensión o reversión de cortes de agua, y la aplicación del beneficio del pago mínimo para los usuarios demandantes mientras dure el proceso.