Una jueza de Posadas hizo lugar a una medida cautelar contra Samsa, ordenando la suspensión de cortes por deuda y habilitando el pago mínimo para usuarios del barrio Itaembé Guazú, quienes denuncian facturas exorbitantes.
La jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2, Silvina Inés Bacigalupi, hizo lugar a una medida cautelar impulsada contra la empresa Samsa por un grupo de vecinos del barrio Itaembé Guazú de Posadas. La resolución, conocida este lunes, ordena a la empresa habilitar el pago mínimo a los usuarios y le prohíbe el corte del suministro de agua.
En los fundamentos, la magistrada citó los principios de «verosimilitud del derecho y el peligro en la demora». El amparo, patrocinado por el abogado Horacio Enrique Koncke y con gestiones del concejal Fernando Zarza, incluye a personas discapacitadas y menores de edad entre los afectados.
La resolución señala que, entre enero de 2025 y marzo de 2026, los demandantes recibieron liquidaciones con «montos exorbitantes y desproporcionados» que no guardaban relación con su consumo histórico. La jueza atribuyó esta situación a una «alteración sistemática en la medición volumétrica».
Además, el fallo cuestiona al Ente Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac) por «faltar a su deber de control» y ofrecer como «única respuesta» planes de pago con tasas de interés similares a las del sector financiero.
La decisión judicial también se basa en evidencia técnica presentada ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) sobre la «intrusión de aire» en la red de agua, documentada con soportes técnicos, audiovisuales y monitoreo con herramientas digitales de precisión (Data Loggers). «La falla no es una conjetura, sino una realidad hidráulica documentada», afirmó Bacigalupi, mencionando un proyecto del concejal Jair Dib para obligar a Samsa a instalar válvulas purgadoras de aire.
La jueza acusó a Samsa de una «conducta contumaz» por ignorar los reclamos técnicos y mantener órdenes de corte, y apuntó contra la «ineficacia del control» del Eprac.
Entre las disposiciones, la jueza resolvió:
- Suspender la ejecución judicial de deudas por facturas y/o convenios de 2025 y 2026.
- Suspender los cortes de agua, ordenando la reconexión inmediata y sin costo si ya se efectuaron.
- Habilitar el beneficio del «pago mínimo» para los usuarios demandantes mientras dure el proceso.
- Requerir al Eprac que informe en cinco días si realizó un operativo de monitoreo de presiones en 20 puntos específicos del barrio durante 7 días consecutivos y en distintas franjas horarias, acompañando el informe final o informando cuándo lo llevará a cabo.