En su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump implementó un sistema de deportación sin precedentes en Estados Unidos. Agencias federales, militares y gobiernos locales fueron incorporados a un esquema de expulsiones masivas de extranjeros ilegales. En este contexto, el Migration Policy Institute (MPI) analizó los cambios estructurales y el impacto de estas políticas en la gestión migratoria de Estados Unidos.
El gobierno de Trump reconfiguró la política migratoria mediante una estrategia de deportaciones masivas. De acuerdo al análisis del MPI, nuevas agencias fueron involucradas en tareas de control migratorio, al tiempo que la fiscalía general ordenó que los casos de expulsiones de EE.UU. tuvieran prioridad.
Dentro de las agencias involucradas por el entonces secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, se encuentran:
También aumentó el despliegue militar en las fronteras: se enviaron 10.000 agentes a la frontera con México, se utilizaron aviones militares para deportaciones y se habilitó la base de Guantánamo en Cuba como centro de detención migratoria.
Además, 600 miembros especiales del Departamento de Estado fueron reasignados a tareas de arresto y deportación. Esta medida, inédita en la historia reciente, amplificó la presencia gubernamental en la persecución de inmigrantes indocumentados.
A través de una orden ejecutiva, Trump ordenó el despliegue de militares en la frontera, tanto de oficiales como de insumos y maquinaria. El número de encuentros de migrantes irregulares en enero fue el más bajo desde mayo de 2020, pero el gobierno mantuvo el operativo.
El uso de aviones militares para deportaciones generó tensiones con otros países:
En ambos casos, finalmente se aceptaron las condiciones impuestas por Trump y recibieron los aviones con inmigrantes detenidos en Estados Unidos. Sin embargo, el destino de otros extranjeros estuvo en Cuba, más precisamente a la base de Guantánamo, que por primera vez se usó para detener a extranjeros arrestados dentro de EE.UU. La administración de Trump proyectó que hasta 30.000 personas podrían ser enviadas a esa instalación militar.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) solicitó el apoyo de autoridades estatales y locales para con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
En ese contexto, Texas firmó un acuerdo para que la Guardia Nacional pudiera realizar arrestos migratorios, mientras que Florida autorizó a que las autoridades viales puedan colaborar en detenciones de inmigrantes ilegales.
En paralelo, el gobierno también intensificó acciones contra ciudades santuario. En específico, la Casa Blanca amenazó con recortar fondos a gobiernos locales que no colaboren. Algunos estados como Illinois (especialmente en Chicago), California y Nueva York enfrentaron demandas por obstruir medidas federales de inmigración.
Además, la Administración Trump eliminó las restricciones sobre cómo y dónde debe operar el ICE. De esta manera, las detenciones en hospitales, escuelas y tribunales aumentaron drásticamente. Asimismo, la deportación expedita se amplió para incluir a cualquier persona sin documentación con menos de dos años en Estados Unidos.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, negoció con Centroamérica y el Caribe acuerdos para recibir migrantes expulsados de EE.UU. En este contexto, Panamá, Costa Rica y Guatemala aceptaron a cientos de deportados en centros de detención temporal.
En tanto, Trump impuso aranceles del 25% a México y Canadá para exigir mayor control fronterizo. Por su parte, México respondió con el despliegue de 10.000 efectivos en sus fronteras, mientras que Canadá creó un programa de control de fentanilo.
El MPI señaló que estas políticas configuran una de las estructuras de deportación más agresivas en la historia de EE.UU. La aplicación de recursos militares y la presión a estados y países vecinos marcaron una nueva fase en la política migratoria de EE.UU.