Según el documento, entre las principales consecuencias del protocolo «antipiquetes» de la ministra de Seguridad del Gobierno de Milei, se registraron 15 manifestaciones reprimidas, con un saldo de 1155 personas heridas, 33 de ellas con lesiones graves en el rostro y 50 trabajadores de prensa heridos. Además, más de 70 manifestantes fueron detenidos y procesados, la mayoría en cárceles de máxima seguridad. Según la organización de derechos humanos, esas acciones representaron un grave retroceso en el derecho a la protesta. Un mes atrás, la organización había publicado un informe con el mismo espíritu, llamado «Disenso en riesgo».
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El protocolo antipiquetes fue presentado por la ministra de seguridad de Milei como una medida para «ordenar» el espacio público. Pero lo cierto es que se trató de la implementación de un protocolo que le diera luz verde a las fuerzas de seguridad para reprimir más fuertemente la protesta social, pasando por encima de derechos y libertades. Un instrumento necesario para que el Gobierno pueda continuar con su plan de ajuste, violando el derecho a manifestarse y de expresión. El protocolo, además, utiliza el artículo 194 del Código Penal, con origen en la última dictadura, para justificar la criminalización de las distintas acciones callejeras.
Desde su implementación, el protocolo fue cuestionado por organismos por de derechos humanos, sindicatos, movimientos sociales y figuras de la izquierda, como Myriam Bregman y Nicolás del Caño, entre otros dirigentes del Frente de Izquierda Unidad (FITU). Matías Aufieri, integrante del mismo frente y abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), fue una de las 33 víctimas de impacto con balas en el rostro; en su caso, comprometiendo su visión.
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Bullrich salió al cruce de Amnistía Internacional. Calificó al informe como “fuera de lugar” y “ridículo”, y a la organización de estar del lado de los «delincuentes». Metiendo a Venezuela, se trató de un discurso ultra que busca confrontar con Amnistía, polarizando ideológicamente, pero que no incluyó la desmentida de ningún elemento del informe. Amnistía le respondió también afirmando que su labor se basa en “una metodología rigurosa y objetiva”, mencionó sus denuncias al régimen de Maduro y la invitó a conversar sobre la situación en ambos países.
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Bullrich necesita defender su protocolo porque las consecuencias del ajuste y la recesión van a seguir expresándose en las calles y los lugares de trabajo.