Con los nombramientos en la Corte Suprema todavía trabados en el Senado, el gobierno de Javier Milei ratificó una vez más, a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que no descarta designar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por decreto, pero sumó como novedad la posibilidad de incorporar a una mujer, un reclamo del arco opositor que es central para la pulseada.
El tema surgió durante el informe de gestión que brindó Francos en el Senado este miércoles, a partir de las preguntas que hicieron algunos de los legisladores, dado que en su exposición inicial el jefe de Gabinete evitó mencionarlo, probablemente para no correr el riesgo de embarrar todavía más una disputa cuyo desenlace depende, precisamente, de los senadores.
«No es que tenga una decisión sobre esto, pero no descarto que pueda pasar que si la Corte se queda en una situación cercana a la acefalía el Presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución», respondió Francos al ser consultado sobre la posibilidad de que Lijo y García Mansilla sean nombrados por decreto.
El jefe de Gabinete aclaró que en caso de que Milei tome la decisión de recurrir al decreto -como advierten hace varios meses en público y en privado- la designación sería «de manera absolutamente transitoria» porque los jueces deberán igualmente «ser ratificados por el Senado».
Se complica la pulseada por la Corte Suprema: ¿el Gobierno incorporará a una mujer?
Sin embargo, minutos antes de ratificar que esa alternativa sigue en carpeta, Francos recibió una pregunta de la senadora rionegrina Mónica Silva, una de las aliadas circunstanciales que tiene el oficialismo en la Cámara alta, referida a la ausencia de mujeres en la propuesta del Poder Ejecutivo. Es el punto que le cuestionan a coro todos los bloques.
«Entendemos el reclamo sobre la presencia de una jueza mujer. Seguramente será un tema que el Presidente va a considerar si estos pliegos no avanzan», respondió Francos, para sorpresa de varios senadores, dado que fue la primera vez que el Gobierno abrió la puerta a esa posibilidad.
Ciertamente, Francos exhibió una aparente contradicción. Por un lado, ratificó que si el Senado no aprueba los pliegos en lo que queda del año no se descarta que Milei los designe por decreto, mientras que por el otro señaló que si no avanzan se evaluará proponer a una jueza.
No obstante, el sentido habría sido indicar que, si son nombrados por decreto y para finales de 2025 el Senado no los ratifica, entonces se podrían proponer a una mujer para destrabar las designaciones, según explicaron fuentes del oficialismo consultadas por iProfesional.
La aclaración no es inocente, dado que el bloque de Unión por la Patria, que con sus 33 senadores tiene la llave para que el Gobierno alcance la mayoría de dos tercios que se requiere para nombrar jueces en la Corte, ya le hicieron saber al oficialismo que si Milei avanza con un decreto rechazarían en la primera oportunidad que tengan ambos pliegos y dejarían todo sin efecto.
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Milei propuso a Lijo para ocupar la vacante que dejó en 2021 la jueza Elena Highton, mientras que la candidatura de García Mansilla es para ocupar la silla que dejará vacía Juan Carlos Maqueda a fines de diciembre, cuando cumpla 75 años y se jubile. Si ninguno de los dos tiene acuerdo del Senado, la Corte quedaría con solo tres de los cinco miembros que debe tener: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Es por ese motivo que Francos habló de una «situación cercana a la acefalía» para justificar un eventual nombramiento por decreto. En la Casa Rosada repiten que la Corte Suprema «no puede funcionar con tres miembros» y que quieren evitar esa situación a como dé lugar. En algunos despachos incluso le otorgan más relevancia que a la aprobación del Presupuesto 2025. Por eso adelantan que el tema se incluirá en el llamado a sesiones extraordinarias.
Sin embargo, la ausencia de mujeres en la propuesta del Ejecutivo y la posibilidad de que la Corte quede integrada solo por hombres es la principal traba de los pliegos. En ese marco se inscribe la jugada que hizo esta semana la tropa de Cristina Kirchner, al darle la firma que le faltaba al pliego de Lijo para que llegue al recinto, pero no al de García Mansilla.
La senadora catamarqueña Lucía Corpacci, muy cercana a la ex presidenta, firmó el dictamen para Lijo como parte de un mensaje del peronismo a Milei: que están dispuestos a votar al polémico juez federal para que llegue a la Corte Suprema, a cambio de «bajar» a García Mansilla y reemplazarlo por una mujer, propuesta por ellos.
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El Gobierno rechaza el convite. Cerca del Presidente insisten en que quieren a «los dos o ninguno». Esto se debe a que Lijo es un referente del Poder Judicial, allegado a Lorenzetti y de muy buen vínculo con varios gobernadores, al punto que buscó personalmente los votos que necesita en el Senado. Es, en lenguaje del oficialismo, parte de «la casta». García Mansilla, en cambio, es más cercano ideológicamente a Milei.
En ese marco, la cuenta regresiva para que Milei defina si nombra a Lijo y García Mansilla está relacionada con la jubilación Maqueda, quien cumplirá la edad jubilatoria el domingo 29 de diciembre. En la Corte Suprema, según pudo averiguar iProfesional, deslizan que su último día como juez será el viernes 27.
Si para ese entonces no hay un acuerdo con el peronismo que le permita a Milei avanzar con el tratamiento de los pliegos al menos en sesiones extraordinarias -a las que todavía no convocó- la opción del decreto estará más firme que nunca, aunque tampoco se descarta que lo firme antes.
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Sin embargo, esa alternativa augura varios inconvenientes para Milei. El primero de ellos es que Lijo no estaría dispuesto hoy a ser designado por decreto, según comentan en la Cámara alta. «Él y todos saben que está cuestionado, no es el más limpio del mundo, entonces estando tan cerca por qué va a optar por llegar ‘sucio’, con un mecanismo que es el más polémico», razonó un operador parlamentario ante iProfesional.
Por otra parte está el rechazo que haría sentir la oposición al eventual nombramiento por decreto y en especial el bloque Unión por la Patria. Luego de la definición que dejó Francos, la bancada que lideran José Mayans y las cristinistas Anabel Fernández Sagasti y Juliana di Tullio difundieron un documento en el que advirtieron que «no hay juez de la Corte sin acuerdo del Senado».
Allí advirtieron que impulsarán «el inmediato rechazo del pliego de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte ‘en comisión’», es decir, por decreto. El argumento es que el artículo de la Constitución al que recurriría el Gobierno no aplicaría para los magistrados del máximo tribunal.
Los senadores de Unión por la Patria señalaron que en efecto la Constitución establece que el Ejecutivo «puede llenar las vacantes de los empleos que requieran acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura», pero que el término «empleos» hace referencia «al personal militar y diplomático que depende directamente del Poder Ejecutivo».
En ese sentido, remarcaron que la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial, independiente de los otros dos poderes del Estado, y que por ese motivo la designación «en comisión» de un juez o jueza en el máximo tribunal «resulta manifiestamente inconstitucional».
De esta forma, el principal bloque de la oposición, del cual depende la aprobación de los pliegos para la Corte Suprema, adelantó que si Javier Milei decide nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por decreto, el Gobierno podría finalmente quedarse sin ninguno de los dos. La cuenta regresiva está en marcha y todos esperan la decisión del Presidente para saber cómo sigue la historia.