Sobre el final de la jornada de protesta impulsada por la CGT, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a las denuncias “por aprietes” recibidas en la línea telefónica habilitada por el Gobierno y aseguró que este viernes se iniciarán acciones legales. “El día de mañana judicializamos todo”, adelantó.
“Para eso pusimos el teléfono, no vamos a hacer eso para recibir datos y después traicionar a la gente que denunció y no hacer una denuncia consecuente para proteger a la gente y para que llamen a declarar a los apretadores”, sostuvo en relación a las 3856 acusaciones “de apriete” contabilizadas este jueves.
La funcionaria coincidió con el mensaje oficial respecto al impacto que tuvo la huelga y consideró que se trató de “un paro que demuestra la debilidad del sindicalismo” porque “sólo paran aquellos que no pueden ir a trabajar”. Como ejemplo del bajo nivel de acatamiento que -según analizó- hubo a nivel nacional, aseguró que “en el interior del país, donde las distancias son más cortas, todo el mundo fue a trabajar”.
En ese sentido, definió a los sindicalistas como “mafiosos y llenos de plata” y recordó que cuando fue ministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa sentía “vergüenza” por el nivel de “ostentación” que la dirigencia de la central obrera manifestaba cada vez que debían reunirse en la sede ministerial.
“¿ A quién representan? Sólo tienen el poder de parar el transporte. ¿Y cómo lo hacen? Amedrentando”, afirmó y cuestionó que en 150 días de gobierno ya hayan hecho dos paros, una situación que no sucedió “con los gobiernos peronistas porque con ellos acomodan las obras sociales y acomodan que no haya reforma laboral aunque haya más empleo informal que formal”.
En ese contexto, defendió los cambios que la administración de Milei quiere llevar adelante en el plano laboral a partir de los puntos alusivos incluidos en el proyecto de Ley Bases pero destacó que las cuestiones referidas a los fondos que manejan los gremios fueron resistidas porque “hay un grupo que defiende a rajatabla la caja sindical”.
“Muchos políticos viven de la caja sindical”, señaló y sostuvo que, en ese sentido, hay diputados que “hacen lobby” en favor de los gremios.
Como contó LA NACION, la línea 134, que puso a disposición el Gobierno desde diciembre para denuncias por extorsión contra sindicatos y organizaciones sociales, este jueves recibió 3865 reclamos por distintos tipos de delitos vinculados a las medidas de fuerza dispuesta por la CGT. Según informaron fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad, 218 de ellas tienen datos suficientes para formular denuncias penales.
Con los llamados de la jornada, se acumularon 142.331 partes desde que la línea entró en funcionamiento. Estos se distribuyen para su análisis entre el Ministerio de Seguridad y el de Capital Humano, que ya realizó una denuncia penal el 2 de febrero con hechos reportados hasta esa fecha. Las recibidas este jueves serán categorizadas y una parte será nuevamente puesta a disposición de la Justicia. Además de la línea telefónica, hay un formulario online en el que se recibieron una parte de las acusaciones.
LA NACION