El joven integrante de la autodenominada “mafia del Hentai” que se encontraba detenido como principal sospechoso de realizar más de 30 amenazas contra Casa Rosada, otros edificios públicos y estaciones ferroviarias, continuará en esa condición tras negarse a declarar este lunes ante la Justicia.
Se trata de Facundo Maximiliano Martínez Radaeli, de 18 años, hijo de un sargento retirado de la policía bonaerense y hermano de una integrante de la Policía de la Ciudad, quien evitó entregar su testimonio ante el juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, Julián Ercolini.
Al momento de ser detenido, el joven, que tiene antecedentes por estafas, confesó ante la Policía que había concretado las amenazas, que también afectaron al búnker de Unión por la Patria y despachos de jueces y funcionarios, porque estaba «peleado con el sistema».
Ercolini le imputó el delito de «amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas, agravadas por haber sido anónimas e intimidación pública», entre otros, y tras la indagatoria, rechazó un pedido de excarcelación presentado por la defensa.
Dos detenidos de la autodenominada «mafia del Hentai»En tanto, los otros dos hombres detenidos en el marco de la causa, Matías Manuel Danko y Leandro González, aceptaron declarar en sus indagatorias ante el juez, pero dijeron que nada tenían que ver con las amenazas. Luego, recuperaron la libertad por decisión de Ercolini, quien les dictó la falta de méritos.
Danko y González admitieron que habían vendido las líneas T-Phone de telefonía móvil digital de la empresa Telecentro utilizadas para hacer las amenazas de bomba, aunque negaron tener relación con Martínez Radaeli.
«Operación hacker»
Las detenciones de los tres imputados se habían concretado el pasado jueves en el marco de la causa “Operación hacker”, tras una serie de allanamientos realizados en domicilios del conurbano bonaerense por personal de la División Delitos Constitucionales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).
La investigación comenzó durante el día de las elecciones, el pasado 22 de octubre, cuando llegaron amenazas de bomba contra el búnker de Unión por la Patria en el Complejo C del barrio porteño de Chacarita y contra el Comando Electoral.
«Somos un grupo terrorista y pusimos una bomba en la sede de Massa (?) en el edificio de la dirección de Corrientes y Dorrego, Chacarita, Complejo C», se escucha decir a un hombre en el audio de la llamada al 911, donde la persona indica que el supuesto artefacto había sido colocado «hace 15 minutos y tardaría media hora» en estallar.
En tanto, en otra llamada intimidatoria atendida también por un operador del 911, una persona que identificó como «Rodrigo Teniente», manifestó: «Lo único que te digo es que hay una bomba en la sala presidencial y que explota en los próximos minutos».
También en otra amenaza del mismo tenor, un tal «Martín coronel» alertó al operador del 911 sobre la presencia de un explosivo en «los andenes, el número 3 y 5» de la estación de trenes de Constitución.
Tras esas intimidaciones y otras, se inició una causa ante el juzgado de Lijo, que estaba de turno, quien dio intervención a los pesquisas de Delitos Constitucionales la PFA para que comenzaran a analizar las comunicaciones, con la colaboración de personal especializado de áreas de Antiterrorismo y Cibercrimen
Pero a los tres días de iniciada esa investigación, el propio magistrado recibió una amenaza en su despacho, por lo que denunció el hecho ante su colega Ercolini, que quedó al mando de esa pesquisa, a la que sumó otras causas por amenazas similares en los días previos,.
Los detectives expertos en comunicaciones de la PFA lograron establecer que las amenazas habían sido realizadas a través de varias líneas en común -que luego coincidieron con las empleadas en las intimidaciones contra las estaciones de trenes de esta semana-, las que pertenecían a la empresa Telecentro, que utiliza una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet.
Las fuentes explicaron que una parte de los acusados se dedicaba a hackear las cuentas de los clientes de la empresa, gestionándoles -sin su consentimiento- nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas en el mercado negro de la «Deep Web».
Allegados a la investigación, dijeron que hasta el momento se identificaron al menos unos 30 hechos de amenazas relacionados a los detenidos.
Con información de Télam.
ES