El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) cuestionó el plan del Gobierno nacional de licitar más de 3.900 kilómetros de rutas, incluyendo un tramo en Misiones, al sostener que no prevé obras de fondo y solo aumentará los costos para los usuarios.
El Ministerio de Economía confirmó la apertura de sobres para licitar más de 3.900 kilómetros de corredores viales en distintas provincias, entre ellas Misiones. La nueva etapa de la Red Federal de Concesiones incluye en Misiones el denominado Tramo Noreste, un corredor de más de 456 kilómetros que conecta Loreto, en Corrientes, con Puerto Iguazú, atravesando gran parte del territorio provincial sobre las rutas nacionales 12 y 105.
Ricardo Lasca, ingeniero agrónomo y coordinador nacional de CONADUV, afirmó que el esquema anunciado por la gestión de Javier Milei repite “los errores de los años 90” y profundiza un sistema que, según sostuvo, “termina beneficiando a las empresas concesionarias y perjudicando a los usuarios”. Lasca declaró que el principal problema es que no se contemplan obras de envergadura: “No hay autovías, autopistas ni multitrochas para evitar el problema gravísimo de los choques frontales”.
El dirigente señaló que las empresas privadas asumirán concesiones a largo plazo, pero con inversiones mínimas. “Es inversión cero y riesgo cero. Lo único que plantean es corte de pasto y bacheo”, expresó, y agregó: “La gente va a pagar más, pero las rutas seguirán iguales”.
Lasca indicó que el deterioro de la red vial genera desesperación entre los conductores, situación que, según dijo, se utiliza para justificar cualquier esquema de concesión. “La gente está desesperada frente al estado de las rutas y acepta cualquier cosa con tal de que tapen un bache. Pero eso no resuelve el problema de fondo”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que las futuras concesiones no modificarán las condiciones estructurales de circulación en corredores como la ruta nacional 12. “Vamos a pagar más peajes y seguir viajando en rutas peligrosas. Las rutas son angostas, hoy circulan camiones enormes y hasta bitrenes. Hay lugares donde dos camiones prácticamente se tocan los espejos”, describió.
El referente de CONADUV consideró que el sistema de peajes implementado en Argentina constituye “un impuesto al tránsito” y no un verdadero peaje, debido a que las rutas ya fueron financiadas con recursos públicos y no existen caminos alternativos gratuitos. “Menem inventó algo inédito en el mundo: se cobra peaje en rutas ya construidas con impuestos. Eso no es peaje, es un impuesto al tránsito”, afirmó.
Según explicó, el impacto económico se traslada a toda la cadena productiva y al consumo cotidiano: “Cuando contratás un camión para transportar madera o yerba, te cobran el flete más el peaje. Y eso después termina impactando en todos los precios”. También remarcó que quienes no poseen vehículos también absorben ese costo porque “cuando alguien compra un kilo de yerba o paga un pasaje de colectivo, ahí también está incluido el peaje”.
Lasca apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por el diseño del nuevo esquema vial: “Caputo cree que sabe todo y de caminos no sabe nada. Maneja ferrocarriles, obras viales y transporte como si fuera un superhombre”, declaró. También cuestionó que el Gobierno presente las concesiones como un mecanismo de inversión privada, al sostener que existirían mecanismos de financiamiento estatal indirecto. “Hablan de inversión privada, pero después aparecen fondos del Banco de Inversión y Comercio Exterior o financiamiento vinculado al Estado. Entonces no es cierto que el privado asuma todo el riesgo”, planteó.
Otro punto cuestionado fue la ausencia de un ente regulador específico para controlar las concesiones viales. “Las rutas concesionadas son un servicio público, igual que el gas o la electricidad, pero acá no existe un ente regulador creado por ley y los usuarios no participamos de ninguna decisión”, protestó. Lasca sostuvo que desde hace años presentan proyectos y propuestas técnicas que nunca son tratadas en el Congreso. “Todo termina cajoneado. Cambian los funcionarios, cambian los administradores de Vialidad y siempre hay que empezar de nuevo”, lamentó.
Otro aspecto que genera preocupación en CONADUV es la posibilidad de que la Nación avance en la transferencia de rutas nacionales hacia las provincias sin garantizar financiamiento para su mantenimiento. “Quieren desmantelar Vialidad Nacional sacándole las rutas y pasándolas a las provincias. Y varios gobernadores aceptan recibirlas sin presupuesto”, afirmó. Según advirtió, eso podría derivar en una expansión del sistema de peajes: “Hoy hay unas 40 estaciones de cobro y quieren sumar más de 50 nuevas. Vamos a terminar pagando un peaje cada 90 kilómetros”.
El dirigente también cuestionó la continuidad de empresas históricamente ligadas al negocio vial: “Es el mismo club del peaje de los años 90. Se reparten las concesiones y después todos terminan ganando de alguna manera”. Además, denunció que algunas compañías adjudicatarias aparecen vinculadas a causas judiciales por corrupción. “Hay empresas cuyos titulares están en juicio oral y siguen participando del sistema”, afirmó.
Hacia el final de la entrevista, Lasca consideró que Argentina carece desde hace décadas de una política integral de transporte e infraestructura. “Nunca escuché a un presidente hablar seriamente de una política de Estado de transporte. Todo son parches”, expresó. Para el referente vial, la situación actual refleja la continuidad de un modelo que atraviesa distintos gobiernos sin modificaciones sustanciales. “Cambian los presidentes, cambian los partidos, pero seguimos siempre con el mismo sistema”, afirmó.