Tras 34 años de trabajo, Jorge Anfuso y Silvia Elsegood confirmaron que abandonarán la conducción del Centro de Fauna Silvestre Güirá Oga y la Isla Palacio a partir de 2026, debido a la falta de control y recursos para la protección ambiental.
Después de más de tres décadas dedicadas a la rehabilitación y reintroducción de fauna silvestre, los conservacionistas Jorge Anfuso y Silvia Elsegood anunciaron que dejarán sus tareas en la Isla Palacio, ubicada en Puerto Libertad, y también la conducción del Centro de Fauna Silvestre “Güirá Oga” a partir de 2026. La decisión incluye el cierre de la Estación Biológica Juan Carlos Chébez, un espacio clave para la recuperación de animales en la provincia.
Según explicó Anfuso, especialista en aves rapaces y Guardafauna Honorario, la principal causa fue la imposibilidad de sostener las condiciones necesarias para rehabilitar fauna en el área. Advirtió que el avance de la caza furtiva, la falta de control sostenido por parte del Ministerio de Ecología de Misiones y la escasez de recursos terminaron por volver inviable el trabajo.
“La razón fundamental fue la imposibilidad de continuar rehabilitando fauna silvestre en la Isla Palacio, y sin esa posibilidad las reintroducciones no serán positivas, efectivas y exitosas como coronaron a Güirá Oga con un alto índice de efectividad a través de los años”, sostuvo Anfuso.
El escenario comenzó a agravarse durante la pandemia, cuando se incrementó la presencia de cazadores y pescadores ilegales en la zona. Desde entonces, se registraron episodios de violencia, enfrentamientos armados y amenazas que obligaron a realizar tareas con custodia policial. Hacia 2025, el contexto fue considerado insostenible.
“El control que durante el período de la pandemia pudo realizarse a través del cuerpo de guardaparques del Ministerio de Ecología fue insuficiente, y ello desencadenó un descontrol en toda el área. Si bien medianamente pudo corregirse el problema con patrullas de guardaparques y policía, a partir de ese momento nada volvió a ser como antes”, afirmó Anfuso.
El conservacionista señaló que la presencia de guardaparques resulta insuficiente para cubrir un área de alto valor ambiental como la Isla Palacio, un Monumento Natural Provincial ubicado dentro de un área declarada “Sitio de Alto Valor para la Conservación”, cercana al Parque Nacional Iguazú y al Parque Provincial Urugua-í. Además, cuestionó la falta de recursos, equipamiento y planificación sostenida para la protección de estas zonas.
“Con nuestra ausencia definitiva, el destino de la fauna silvestre que históricamente frecuentaba la isla y costas vecinas está condenado. Lejos quedó la protección que el Ministerio de Ecología en 1996 declaró Monumento Natural Provincial a la Isla Palacio, ya que volverá a convertirse en un gran coto de caza, terminando por diezmar la poca fauna que le queda a este emblemático sitio”, advirtió.
También apuntó contra el funcionamiento del sistema judicial, al remarcar que existen casos con pruebas concretas que no avanzan. “Las condiciones de trabajo se fueron deteriorando y hacia fines de 2024 debíamos en muchas ocasiones ser escoltados por la Policía Lacustre o guardaparques cuando realizábamos los cambios de guardia de nuestro personal”.
Anfuso cuestionó el equipamiento del Ministerio de Ecología, la formación de los guardaparques y los recursos económicos. “Cada salida al monte hoy se está jugando la vida en cada patrulla; si bien en muchas ocasiones los respalda la Policía Ambiental, las patrullas son esporádicas y no se repiten regularmente. Los furtivos ahora, sin dudar, usan sus armas para evitar ser detenidos”.
En ese sentido, advirtió: “Si Misiones quiere seguir manteniendo su biodiversidad, debe encaminarse a un sistema de defensa muy bien preparado para contrarrestar el avance de estos individuos que ya no son furtivos, sino que podemos considerar delincuentes”. Planteó la necesidad de endurecer las leyes y que los delitos ambientales dejen de ser considerados infracciones.
“Estas medidas deberían estar acompañadas de un cambio profundo en la ley. Hay que capacitar a jueces, fiscales y todo el aparato judicial, como también a los políticos. Tienen que actuar en consecuencia cuando se está frente a un ilícito sobre temas ambientales como caza o pesca furtiva, atropellamientos en áreas protegidas, tala de árboles y otros atentados contra el medio ambiente”, manifestó.
Sobre el impacto ambiental, advirtió que la falta de control podría convertir nuevamente a la Isla Palacio en un área de caza ilegal, con consecuencias directas sobre la fauna. “Hoy nadie mata un animal silvestre por necesidad; los individuos apresados por guardaparques y policía son personas con recursos que lo hacen por placer, diversión o pasatiempo, aunque algunos lo quieran catalogar de cultural”. Y sentenció que, de mantenerse esta tendencia, en las próximas décadas podría registrarse una fuerte disminución de la fauna local.