Cinco asociaciones protectoras de animales exigen ser querellantes en la investigación judicial por la desaparición de 23 perros tras la muerte de su dueña en Guaraní, en medio de un cruce con el fiscal Estanislao Elías Bys.
Cinco asociaciones protectoras de animales exigen ser querellantes en la causa judicial que investiga la desaparición de 23 perros tras el fallecimiento de su dueña en la localidad de Guaraní, un caso que tiene al intendente local Miguel Ángel Vargas en el centro de la polémica. El miércoles por la mañana, durante una protesta en reclamo de respuestas, quienes impulsan el pedido mantuvieron un cruce con el fiscal Estanislao Elías Bys.
El conflicto se desató luego de que la abogada de las denunciantes, Micaela Pereira, perdiera el acceso digital al expediente de la causa. Ante esa situación, las rescatistas se presentaron en la Fiscalía de Instrucción Uno de Oberá, cuyo titular es el fiscal Estanislao Bys, para solicitar la restitución del acceso de la letrada al expediente.
En el hall del edificio de la Fiscalía, Bys mantuvo un diálogo con las rescatistas y manifestantes que se acercaron para exigir respuestas. “Fíjense lo que dice la ley”, expresó el funcionario ante los reclamos. La situación se tornó tensa cuando las rescatistas reclamaron la intervención del fiscal y exigieron saber qué pasó con los perros, en referencia al intendente Vargas, quien ordenó el traslado de los canes del domicilio de la vecina fallecida.
El fiscal explicó que las denunciantes no reunían los requisitos para formar parte del proceso como querellantes y pidió paciencia, señalando que ya se habían tomado las medidas correspondientes. Patricia, una rescatista que participó del reclamo, contó que “todo venía perfecto” hasta que la letrada Pereira fue desvinculada del expediente judicial. “De repente, no podía ingresar más al expediente, la desvincularon”, enfatizó.
En cuanto a la situación ocurrida con el fiscal Bys, la rescatista señaló: “El fiscal salió de muy mala manera y, como quien va a darle un escarmiento a sus hijos, nos atendió con mala gana, no nos explicó nada. Lo único que supo hacer fue maltratarnos, agredirnos”. Y continuó: “Tal vez él hizo bien su trabajo, tal vez es lo que correspondía, pero no es la manera de tratar a la gente que va a pedir explicaciones porque no sabe”.
Por su parte, la abogada Micaela Pereira, en representación de la Fundación Dante Piesco y de las asociaciones Angelitos con Cola, Huellitas del Monte, Protegiendo la Vida y Refugio El Campito, denunció que el Juzgado la desvinculó de manera arbitraria del sistema digital (SIGED), lo que dejó a las partes en estado de indefensión. Pereira indicó que presentó un escrito ante el mismo Juzgado para pedir la revinculación inmediata al sistema, la suspensión de los plazos procesales y la notificación formal de cualquier decisión.