Cinco asociaciones protectoras de animales exigen ser querellantes en la investigación judicial por la desaparición de 23 perros tras el fallecimiento de su dueña en Guaraní. El caso involucra al intendente local y generó un tenso cruce con el fiscal.
Cinco asociaciones protectoras de animales exigen ser querellantes en la causa judicial que investiga la desaparición de 23 perros tras el fallecimiento de su dueña en la localidad de Guaraní, un caso que tiene al intendente local Miguel Ángel Vargas en el centro de la polémica.
El miércoles por la mañana, durante una protesta en reclamo de respuestas, quienes impulsan el pedido mantuvieron un cruce con el fiscal Estanislao Elías Bys. El conflicto se desató luego de que la abogada de las denunciantes, Micaela Pereira, perdiera el acceso digital al expediente de la causa.
Las rescatistas se presentaron en la Fiscalía de Instrucción Uno de Oberá para solicitar la restitución del acceso de la letrada al expediente. En el hall del edificio, Bys mantuvo un diálogo con las manifestantes, mientras uno de los presentes registraba la escena con su celular.
“Fíjense lo que dice la ley”, expresó el funcionario ante los reclamos. Una mujer preguntó: “¿Va a quedar en la nada esto?”. Bys respondió: “No, ¿cómo va a quedar en la nada? Estamos actuando, pedimos las medidas correspondientes”.
La situación se tornó tensa cuando las rescatistas reclamaron la intervención del fiscal y exigieron saber qué pasó con los perros, en referencia al intendente Vargas, quien ordenó el traslado de los canes del domicilio de la vecina fallecida y desde entonces no se supo más de ellos.
“Por favor se calla”; “si usted no sabe de derecho, no se meta”; “yo no te voy a dar una clase de derecho”; fueron algunas de las respuestas que brindó el funcionario. El fiscal explicó que las denunciantes no reunían los requisitos para formar parte del proceso como querellantes y pidió paciencia, al señalar que ya se habían tomado las medidas correspondientes.
Patricia, una rescatista que participó del reclamo, contó que “todo venía perfecto” hasta que la letrada Pereira fue desvinculada del expediente judicial. “De repente, no podía ingresar más al expediente, la desvincularon”, enfatizó. Sostuvo que, aunque el juez de Instrucción Dos de Oberá, Horacio Alarcón, se expidiera a favor de la fiscalía, “todavía hay pasos procesales a seguir, hay otras instancias judiciales por las que se puede optar”.
En cuanto a la situación con el fiscal Bys, la rescatista señaló: “El fiscal salió de muy mala manera y, como quien va a darle un escarmiento a sus hijos, nos atendió con mala gana, no nos explicó nada. Lo único que supo hacer fue maltratarnos, agredirnos”. Y continuó: “Tal vez él hizo bien su trabajo, tal vez es lo que correspondía, pero no es la manera de tratar a la gente que va a pedir explicaciones porque no sabe. Nos sentimos, otra vez más, burladas”.
La vecina de Guaraní expuso que la sensación es que la “intención es tapar todo”, que la gente “se canse de reclamar” y que “dejen de ir a joder por unos perros”. “Pero acá se está perdiendo de vista que no solamente se trata de los animales, que no es un hecho menor, sino que también está involucrado el representante del pueblo, que es el señor intendente”, cuestionó y cerró: “Necesitamos que la causa siga”.
Por su parte, la abogada Micaela Pereira, en representación de la Fundación Dante Piesco y de las asociaciones Angelitos con Cola, Huellitas del Monte, Protegiendo la Vida y Refugio El Campito, denunció que el Juzgado la desvinculó de manera arbitraria del sistema digital (SIGED), lo que dejó a las partes en estado de indefensión. “No hay acceso al expediente: nos cortaron el acceso sin una notificación formal previa”, señaló, y advirtió que eso les impide conocer resoluciones y ejercer su derecho a apelar dentro de los plazos legales.
Pereira indicó que presentó un escrito ante el mismo Juzgado para pedir la revinculación inmediata al sistema, la suspensión de los plazos procesales y la notificación formal de cualquier decisión, a fin de garantizar el derecho de defensa y el acceso a la Justicia.