La provincia de Misiones avanza en su propio proyecto de Ficha Limpia con condiciones más amplias que las discutidas a nivel nacional, estableciendo restricciones para el acceso a cargos públicos electivos.
La provincia de Misiones avanza en su propio proyecto de Ficha Limpia y establece condiciones más amplias que las discutidas a nivel nacional. Días atrás la iniciativa fue anticipada por el diputado renovador Carlos Eduardo Rovira y propone fuertes restricciones para el acceso a cargos públicos electivos. En ese sentido, presenta bloqueos automáticos a candidaturas provinciales y municipales por múltiples causales que abarcan no solo delitos de corrupción, sino también faltas penales, fiscales y administrativas.
El proyecto determina que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas a pena privativa de libertad -aunque la sentencia no esté firme o sea de cumplimiento en suspenso- por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, democrático, la seguridad pública, delitos contra las personas, la propiedad, la fe pública, el ambiente y también por crueldad o maltrato animal. Entre los delitos comprendidos se incluyen cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, además de delitos económicos, corrupción institucional y ataques al sistema democrático.
También fija una cláusula electoral clave: la condena deberá haber sido dictada antes del 31 de diciembre del año previo a los comicios para impedir la candidatura en ese turno. Si la condena ocurre después del 1° de enero del año electoral, la inhabilitación se aplicará para procesos posteriores. La inelegibilidad inicia desde la fecha de la condena y se mantiene hasta su revocación o cumplimiento de la pena.
A su vez, las restricciones alcanzarán a quienes figuren como deudores alimentarios, mantengan deudas exigibles con el fisco provincial o municipal, o registren tres o más infracciones graves de tránsito en los dos años previos a la oficialización de candidaturas. Asimismo, incluye a los ciberdelitos como causal de inelegibilidad. Quedarán inhabilitadas las personas con requerimiento de elevación a juicio o prisión preventiva por delitos como grooming, distribución de material de abuso sexual infantil, acceso ilegítimo a sistemas informáticos o fraudes digitales.
Otro de los puntos del proyecto es la obligatoriedad de presentar un certificado de aptitud toxicológica al momento de oficializar las listas. El estudio deberá incluir análisis sobre distintas matrices biológicas. En caso de antecedentes de consumo problemático, se requerirá acreditar alta terapéutica.
La autoridad de aplicación será el Tribunal Electoral de Misiones, que tendrá facultades para verificar antecedentes, rechazar candidaturas y establecer mecanismos de control mediante el cruce de información con otros organismos. Antes de adoptar una decisión, deberá garantizar al postulante un plazo para realizar descargos. El documento prevé un mecanismo de impugnación ciudadana, con el que cualquier ciudadano inscripto en el padrón podrá impugnar candidaturas si detecta incumplimientos.
En paralelo, establece responsabilidades para los partidos políticos, que deberán verificar previamente que sus candidatos no se encuentren alcanzados por las causales de inhabilitación, ya que el incumplimiento de las mismas podrá derivar en sanciones que incluyen multas, exclusión del proceso electoral o la pérdida de la personería jurídica.
En sus fundamentos, el proyecto señala que la intención es “fortalecer el marco institucional de la Provincia de Misiones” y garantizar que quienes aspiren a representar a la ciudadanía reúnan “condiciones acordes a la responsabilidad pública que pretenden ejercer”. El proyecto se inscribe en el contexto de un año electoral en el que la discusión sobre transparencia institucional y elevar el estándar de acceso a la función pública vuelven a ocupar un lugar central en la agenda pública.