La central obrera presentó un escrito de 25 páginas ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, recusando a los camaristas que suspendieron la medida cautelar que frenaba 83 artículos de la Ley 27.802.
La Confederación General del Trabajo (CGT) solicitó la nulidad del fallo que devolvió la vigencia de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y recusó a los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, quienes suspendieron la medida cautelar que en marzo había frenado 83 artículos de la Ley 27.802.
La central obrera elevó una presentación de 25 páginas a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, argumentando que la resolución «violenta la verdad jurídica» y que la sala actuante no tenía competencia en el caso. «Hubo una manifiesta parcialidad hacia el Estado nacional», denunció Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT.
«Acabamos de recusar a los jueces por la aberrante suspensión de la cautelar y después la obscenidad que acaban de cometer al otro día, cuando en el Boletín Oficial se publicó la extensión de cinco años más para uno de los jueces», puntualizó, en referencia a Pesino. «El beneficio que recibió Pesino generó un manto de duda y de sospechas» que la central obrera «no va a dejar pasar», advirtió.
El escrito pide la «nulidad absoluta» de la resolución dictada el 23 de abril último, que tuvo un carácter suspensivo de la cautelar, y objeta la intervención de la Sala VIII, afirmando que, para respetar las reglas procesales, debió intervenir la Sala I. «Si la Sala VIII hubiera respetado los pasos procesales para consentir su actuación, esta parte hubiera tenido oportunidad de advertirle que carecía de competencia por la prevención inicial de la Sala I; pero no se nos dio tiempo», dijo Jerónimo.
El texto, presentado por el abogado Pablo Topet, sostiene que «debe ser la Sala I la que deba resolver la nulidad porque la Sala VIII, que violó las disposiciones procesales, es la que dictó el acto inválido, emitió opinión y prejuzgó y, tal vez lo más relevante, evidenció una manifiesta parcialidad hacia el Estado nacional». Sobre Pesino, el escrito señala que su participación en la causa «está viciada por haber recibido un beneficio de importancia por parte del Estado nacional», tal como es la postergación para jubilarse, y afirma que su «inaceptable intervención (…) constituye no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley adjetiva».
«Los magistrados que suscribieron con rapidez la sentencia interlocutoria que se impugna, deben apartarse de una causa que tomaron ‘para sí’ sin competencia», argumenta la presentación.
La reforma laboral mileísta se sancionó hace dos meses en el Senado, con los votos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo, y Martín Goerling, del PRO Misiones.