El proyecto de ley presentado en el Senado para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad genera alerta en la provincia. Desde el Consejo Provincial advierten sobre posibles riesgos en prestaciones y pensiones.
La presentación en el Senado de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad encendió una fuerte señal de alarma en todo el país, incluyendo Misiones. La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, licenciada Tatiana Antúnez, cuestionó la iniciativa y advirtió sobre sus posibles consecuencias.
En una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones, la funcionaria señaló que el contexto actual obliga a hablar con claridad sobre los cambios que impactan en la vida de las personas con discapacidad. Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la eliminación del nomenclador único, que regula los valores de las prestaciones en todo el país.
“El proyecto busca eliminar el nomenclador único, que es donde se establecen los costos y pagos a los prestadores. Esto va a desordenar el sistema y generar una mayor desigualdad entre quienes brindan servicios”, explicó Antúnez. Actualmente, ese esquema garantiza cierta equidad en los valores que pagan las obras sociales y prepagas. Sin ese marco, cada prestador deberá negociar individualmente, lo que podría generar desigualdad en el poder de negociación y afectar la calidad del servicio.
La desregulación propuesta también genera preocupación en el plano laboral. Según Antúnez, podría derivar en una precarización del trabajo de los prestadores, con salarios más bajos y condiciones más inestables, lo que repercutiría en los usuarios: “Cuando se precariza al prestador, también se deteriora la calidad de las prestaciones. En discapacidad no hablamos de servicios opcionales, sino de necesidades básicas”.
Otro de los temores es que las obras sociales comiencen a limitar o recortar prestaciones. “Hoy existe un marco legal que obliga a cubrir determinadas terapias, tratamientos e insumos. Con esta desregulación, eso puede empezar a cambiar”, explicó. Antúnez planteó que se podría generar un sistema de salud de primera y de segunda, donde el acceso a mejores prestaciones dependa de los recursos económicos.
El proyecto también introduce cambios en el sistema de pensiones no contributivas, incorporando la figura de “suspensión preventiva”. “El que no se reempadrone o no esté dentro del sistema puede sufrir la suspensión de su pensión. Esto habilita al Estado a cortar el beneficio incluso si la persona no fue notificada correctamente”, advirtió. En zonas rurales, la información no siempre llega a tiempo, lo que podría dejar a personas fuera del sistema por cuestiones ajenas a su voluntad.
Otro aspecto cuestionado es el cambio en la compatibilidad entre empleo y pensiones. Según Antúnez, el proyecto implica un retroceso en materia de inclusión laboral, al volver a una mirada más restrictiva. “Es importante que las personas puedan trabajar y, al mismo tiempo, contar con un respaldo del Estado, porque el mercado laboral es inestable”, sostuvo. Frente a este escenario, organizaciones del sector convocan a movilizaciones en distintos puntos del país para rechazar la iniciativa.