Personas con discapacidad, familias y prestadores se manifestaron en Posadas y otras ciudades, expresando preocupación por atrasos en pagos y por un proyecto de ley que modificaría el sistema vigente.
Por tercera vez en el año, se realizaron movilizaciones en Posadas y en distintos puntos del país, convocadas por personas con discapacidad, sus familias, profesionales y centros prestadores de servicios. Los manifestantes buscan visibilizar una serie de reclamos vinculados a la situación del sector.
La concentración principal en la capital misionera tuvo lugar en la plaza 9 de Julio, desde donde los participantes marcharon hacia el Palacio Legislativo. Uno de los ejes del reclamo es el retraso en los pagos por parte de las obras sociales, que según los manifestantes supera en promedio los seis meses, dificultando la sostenibilidad de la atención. Otro punto de preocupación es un proyecto oficial que propone modificar el régimen actual, específicamente el nomenclador único de prestaciones.
La trabajadora social Marita Peralta explicó que la flexibilización de ese esquema permitiría que cada obra social fije valores y seleccione prestadores. Advirtió que esta lógica podría dejar a muchos usuarios sin cobertura efectiva si no hay acuerdo económico entre las partes, una situación que, según señaló, ya ocurre en el sistema general de salud.
Desde las familias, Mirta Beck, madre de una joven con discapacidad, describió un momento de gravedad inédita, con dificultades para acceder a insumos básicos. Carmen Ecónomo relató que su hijo apenas pudo asistir a actividades durante el año debido a la crisis que atraviesan los prestadores.
En paralelo, desde el Consejo Provincial de Discapacidad, su presidenta Tatiana Antúnez emitió una alerta sobre el proyecto de ley que ya ingresó al Senado. Consideró que la eliminación del nomenclador único generaría un «fuerte desorden», obligando a negociaciones individuales que podrían derivar en desigualdad y precarización. También cuestionó la posibilidad de suspender pensiones no contributivas a partir de un reempadronamiento obligatorio y cambios en los criterios de acceso a las mismas.
Antúnez sostuvo que el trasfondo de estas iniciativas marca un cambio de paradigma, desde un modelo basado en derechos hacia otro más desregulado, y cuestionó la falta de información sobre el uso de fondos específicos del área.