El juez Manuel Balanda Gómez citó al jefe comunal, denunciado por abuso sexual, para que brinde su versión de los hechos. La audiencia se produce tras más de un mes de investigación y un día antes del vencimiento de su licencia.
El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, fijó para este miércoles la audiencia de declaración indagatoria para Mario Peyer, intendente en uso de licencia de Caraguatay, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante de ese municipio.
La citación llega tras más de un mes de investigación, que incluyó secuestro de documentos, inspecciones oculares, pericias a dispositivos, informes médicos y toma de testimonios por parte del juzgado. Peyer tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho.
La indagatoria se realizará un día antes del vencimiento de la licencia solicitada por el jefe comunal. El cargo quedó temporalmente en manos de la concejal Norma Gularte, quien obtuvo su banca por la Renovación y en diciembre se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).
El letrado Sergio Rafael Báez, en diálogo con Radio Up, adelantó que Peyer aceptará declarar y ante la Justicia negará los hechos y reafirmará su inocencia, tal como lo hizo a través de sus redes sociales. Báez afirmó que han presentado un «gran caudal de pruebas» para demostrar la inocencia de su cliente.
La denuncia fue radicada el pasado 25 de febrero. La trabajadora acusó a Peyer por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado, y posteriormente ratificó sus acusaciones ante el juzgado con un detallado relato.
Según la denuncia, el primer suceso habría ocurrido el 8 de julio de 2023, con actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas. Un segundo episodio, más grave, se habría producido el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, donde se denunció un abuso sexual con acceso carnal, ejercido con fuerza y sin consentimiento. La denunciante también narró haber sufrido golpes, amenazas para que no denunciara y un clima de extorsión posterior.
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por su condición de alcalde, el magistrado dispuso medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.