El director provincial de Salud Mental, Nicolás Aranda, se refirió a las reformas anunciadas por el Gobierno nacional, destacando la experiencia local y expresando preocupaciones sobre la internación involuntaria y la centralización de decisiones.
El director provincial de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Nicolás Aranda, analizó los cambios que el Gobierno nacional anticipó que incluirá en el proyecto para reformar la Ley de Salud Mental.
Una de las modificaciones habilitaría la internación de casos leves en hospitales generales. Al respecto, Aranda señaló que esto no es nuevo en Misiones: «Hace mucho que nuestra provincia interna casos leves en hospitales comunes y no solo en Posadas; en Eldorado desde 2014 aproximadamente y en Oberá incluso desde antes. Ahora también estamos tratando de ver si podemos internar en Aristóbulo del Valle, San Vicente y Puerto Iguazú… siempre casos leves. Esto responde a que creemos que el sistema de salud público tiene que ser lo más eficiente posible y reducir los costos de traslado favorece».
Otro cambio propuesto se refiere a la figura de la internación involuntaria. La ley vigente solo la permite en caso de «riesgo cierto e inminente para el paciente o terceros». La reforma buscaría evaluar el riesgo considerando el contexto general del cuadro, incluyendo antecedentes recientes de conductas riesgosas y la evolución previsible del paciente sin tratamiento.
Aranda admitió que el criterio actual es excepcional, pero planteó el peligro de retrotraer al modelo previo, «donde se utilizaba como categoría la idea de antecedente, se hablaba de peligrosidad». Señaló que, si bien hay familias que se quejan de la ley actual, es riesgoso volver a un modelo donde «era el juez el que determinaba una internación involuntaria sin necesidad de consultar a un equipo técnico, eso llevó a que se acumulara la gente, a modo de depósitos, en los hospitales psiquiátricos». En Misiones, esto ocurría en el pabellón de inimputables y en el Hospital Psiquiátrico Ramón Carrillo.
El funcionario consideró necesario ajustar las alianzas entre las familias y los equipos de salud mental «porque las familias muchas veces se sienten solas». También cuestionó la iniciativa de centralizar las decisiones en la figura del médico psiquiatra, en detrimento de otros profesionales. «Esto es una insensatez porque los psiquiatras están concentrados en los grandes centros urbanos… por ejemplo, la guardia de salud mental del SAMIC de Eldorado está sostenida por un equipo de psicólogos y trabajadores sociales», advirtió.
Para Aranda, la iniciativa del Gobierno nacional es «absolutamente contradictoria» con sus acciones, ya que, mientras propone una reforma, desde 2023 ejecuta un «desfinanciamiento muy activo» de las acciones de seguimiento y continuidad de cuidados. Señaló que la Nación delegó casi todo en las provincias y que «Misiones hace un esfuerzo enorme para sostener la atención y la formación en salud mental».
Además, denunció que el Ministerio de Salud de la Nación convocó apenas una vez al Consejo Federal de Salud Mental. Por ello, referentes de nueve provincias se reunieron en una mesa federal donde compartieron datos: la cantidad de atenciones en salud mental desde 2019 aumentó un 120% y las internaciones se incrementaron un 70%, siendo la mayoría involuntarias. «Esta situación requiere una mirada estratégica seria y clara y no una operación de alto impacto», afirmó. Anticipó que fueron convocados a una reunión virtual con la directora de Salud Mental de la Nación para dentro de dos semanas.