El director provincial de Salud Mental, Nicolás Aranda, expuso la postura de Misiones frente a la reforma anunciada por el Gobierno nacional, destacando la experiencia local y advirtiendo sobre posibles retrocesos.
El director provincial de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Nicolás Aranda, analizó los cambios que el Gobierno nacional anticipó para la reforma de la Ley de Salud Mental. Uno de ellos, la internación de casos leves en hospitales generales, no es nuevo en la provincia. «Hace mucho que nuestra provincia interna casos leves en hospitales comunes y no solo en Posadas; en Eldorado desde 2014 aproximadamente y en Oberá incluso desde antes», explicó Aranda. Agregó que se evalúa extender esta práctica a localidades como Aristóbulo del Valle, San Vicente y Puerto Iguazú, con el objetivo de hacer más eficiente el sistema público y reducir costos de traslado.
Otro cambio propuesto a nivel nacional se refiere a la figura de la internación involuntaria. La ley vigente solo la permite en caso de «riesgo cierto e inminente» para el paciente o terceros. La reforma buscaría evaluar el riesgo considerando también el contexto general del cuadro, incluyendo antecedentes recientes de conductas riesgosas. Aranda advirtió sobre el peligro de retrotraer al modelo anterior, donde se utilizaba el criterio de «peligrosidad», lo que llevó a que los hospitales psiquiátricos funcionaran «a modo de depósitos», con personas internadas durante años en malas condiciones y sin finalidades terapéuticas.
El funcionario provincial señaló que, si bien se reconoce el reclamo de algunas familias que sienten limitaciones con la ley actual, es necesario ajustar las alianzas entre las familias y los equipos de salud mental. También cuestionó la iniciativa de centralizar las decisiones en la figura del médico psiquiatra, en detrimento de otros profesionales. «Esto es una insensatez porque los psiquiatras están concentrados en los grandes centros urbanos», afirmó, citando como ejemplo el trabajo del equipo de psicólogos y trabajadores sociales que sostiene la guardia de salud mental del SAMIC de Eldorado.
Aranda consideró que la iniciativa del Gobierno nacional es «absolutamente contradictoria» con sus acciones, ya que, mientras anuncia una reforma para mejorar el acceso, desde 2023 ejecuta un «desfinanciamiento muy activo» de las acciones de seguimiento y continuidad de cuidados. Señaló que la Nación delegó casi todo en las provincias y que «Misiones hace un esfuerzo enorme» para sostener la atención y la formación en salud mental, incluso asumiendo los costos de residencias desfinanciadas.
El director provincial denunció además que el Ministerio de Salud de la Nación convocó apenas una vez al Consejo Federal de Salud Mental. Por ello, referentes de nueve provincias se reunieron en una mesa federal donde compartieron datos: las atenciones en salud mental aumentaron un 120% desde 2019 y las internaciones un 70%, siendo la mayoría de estas últimas involuntarias. «Esta situación requiere una mirada estratégica seria y clara y no una operación de alto impacto», afirmó Aranda, quien anticipó que fueron convocados a una reunión virtual con la directora nacional de Salud Mental para dentro de dos semanas.