La Cámara de Diputados rechazó un pedido de la oposición para citar a Manuel Adorni y aprobó la modificación de la normativa ambiental, con la participación de los legisladores misioneros.
Este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó un pedido de la oposición para emplazar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que brinde explicaciones en el Congreso por una causa judicial que investiga viajes y compra de propiedades. La iniciativa, presentada por la diputada Paula Penacca (UxP), fue rechazada por 124 votos a favor y 118 en contra, requiriéndose una mayoría calificada de dos tercios para su aprobación.
Entre los votos en contra de citar a Adorni se registraron los de los diputados misioneros Diego Hartfield y Maura Gruber (La Libertad Avanza), y Emmanuel Bianchetti (PRO). Los legisladores del Frente Renovador Neo, Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa, estuvieron ausentes durante esta votación.
Adorni tiene prevista su comparecencia en la Cámara para el 29 de abril, tal como establece el artículo 101 de la Constitución Nacional, para presentar el informe sobre la gestión del Gobierno. El presidente Javier Milei acompañará a su jefe de Gabinete en esa ocasión.
Durante la misma sesión, Diputados también rechazó discutir un repudio a la decisión del gobierno de retirar acreditaciones a periodistas de varios medios, y un pronunciamiento sobre el caso de la criptomoneda $Libra. En estas votaciones también se registró la ausencia de la bancada de la Renovación y los votos en contra de Hartfield, Gruber y Bianchetti.
Tras 11 horas de sesión, La Libertad Avanza y sus aliados lograron convertir en ley la reforma de la Ley de Glaciares. La nueva normativa, que obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, modifica los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas periglaciares y transfiere facultades a las provincias para decidir qué áreas proteger. Todos los diputados misioneros presentes votaron a favor de la reforma.
La Ley 26.639, sancionada en 2010, establecía los presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglacial. La reforma busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en áreas periglaciales, autorizando el desarrollo de proyectos bajo evaluación de impacto ambiental.