El director provincial de Salud Mental, Nicolás Aranda, afirmó que aún no se conoce el borrador del texto anunciado por el Gobierno nacional y aclaró que las internaciones involuntarias ya están previstas en la normativa vigente.
El anuncio del Gobierno nacional sobre el envío al Congreso de un proyecto para reformar la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 abrió una nueva discusión en el ámbito sanitario y judicial. En Misiones, desde la dirección provincial de Salud Mental, se adoptó una mirada de prudencia ante la falta de información concreta sobre la iniciativa.
El director del área, Nicolás Aranda, fue entrevistado en FM 89.3 Santa María de las Misiones, donde remarcó que, más allá del impacto mediático del anuncio, ni equipos técnicos provinciales, ni actores del ámbito judicial, ni legisladores consultados habrían tenido acceso al borrador. «Nosotros no hemos visto ningún proyecto», afirmó Aranda, quien indicó que la información que maneja sugiere que el documento aún estaría en revisión legal y técnica y podría conocerse en un plazo de diez días a dos semanas.
Uno de los puntos que resurgió en el debate público es el de las internaciones involuntarias. Al respecto, Aranda recordó que la provincia adhirió a la Ley Nacional de Salud Mental en 2018 y que este tipo de intervenciones ya están contempladas en un capítulo específico de la normativa vigente. «El grueso de las internaciones por salud mental en Misiones son involuntarias», precisó, y explicó que en la provincia se realizan de manera articulada con el Poder Judicial y los equipos de salud, con el objetivo de garantizar la atención y los derechos del paciente.
Desde su perspectiva, el riesgo de este nuevo debate nacional es instalar la idea de que actualmente no existen herramientas legales para actuar en situaciones complejas, cuando en realidad el sistema ya prevé mecanismos de intervención, aunque con limitaciones prácticas.
Aranda también se mostró crítico respecto del modo y la oportunidad en que se instaló el tema en la agenda pública, expresando escepticismo sobre las intenciones detrás del anuncio. Consideró que, antes de impulsar una reforma sin consensos previos, sería más razonable revisar protocolos, reglamentaciones y, sobre todo, el financiamiento y la implementación de la ley actual.