En diálogo con Canal E, la tributarista Fernanda Laiun cuestionó el alcance real de la declaración de principios de ARBA, asegurando que “no hay nada muy concreto” y que los cambios siguen siendo más simbólicos que estructurales.
“Te voy a tratar bien”: ¿cambio de paradigma o marketing institucional?
Según Laiun, el nuevo documento de ARBA apunta a redefinir la relación con el contribuyente, con una mirada más cercana, humana y menos persecutoria. “Es una declaración bastante teórica, donde se habla de respeto al contribuyente y de facilitarle la vida”, explicó.
La experta reconoció que este enfoque es coherente con el discurso del gobierno nacional, que intenta reducir la presión fiscal burocrática. “Plantean que el pago de impuestos no va a ser grato, pero al menos debería ser fácil”, indicó.
Sin embargo, “no hay hechos significativos que puedan medirse o evaluarse”, advirtió, en referencia a la falta de acciones concretas. “Uno quisiera ver más que una manifestación de buenas intenciones cuando se habla de una política a cinco años”, afirmó con tono crítico.
Evasión, recursos humanos y presunción de inocencia
Uno de los puntos más sensibles es el de la evasión. ARBA asegura que desarrollará nuevos sistemas tecnológicos para combatirla, pero Laiún fue cauta: “Dicen que van a invertir en sistemas, lo cual en el pasado funcionó muy bien, pero hoy no hay evidencia clara de que eso esté ocurriendo”.
Además, cuestionó las dificultades internas del organismo. “ARBA tiene las manos atadas: contrató mucha gente sin formación técnica en el gobierno anterior y hoy no puede despedirla”, explicó. Esto ha llevado a que quienes se acojan a retiros voluntarios sean justamente los perfiles más preparados, lo que deteriora la calidad del servicio.
Sobre la famosa “presunción de inocencia” que plantea el documento, Laiun aclaró: “Sí, lo mencionan, pero es una manifestación; no obliga a nadie, no es ley”.
También destacó los cambios recientes en los umbrales de control fiscal: “Hoy, los movimientos bancarios de hasta 50 millones de pesos no se informan; eso representa una señal clara de mayor libertad para el contribuyente”, sostuvo.
El peso del Estado sobre el ciudadano
Laiun fue tajante al describir cómo el Estado ha delegado su responsabilidad administrativa sobre el contribuyente: “Los organismos públicos se acostumbraron a tirarle la carga de la recaudación al contribuyente”, afirmó.
En ese sentido, criticó que empresas que operan en todo el país tengan que presentar “30 o 40 declaraciones juradas por mes” para cumplir con ingresos brutos y otros regímenes provinciales, sin posibilidad real de recuperar pagos indebidos.
“La política durante muchos años fue tirarle la carga al contribuyente infinitamente, y este gobierno quiere dar vuelta esa lógica”, señaló. Aunque celebra esa intención, advierte que el camino es largo, costoso y requiere decisión política.
Finalmente, se refirió a las penalidades como mecanismo de cumplimiento: “La gente paga impuestos porque tiene miedo de ser descubierta, no porque le guste cumplir”, y advirtió sobre los valores irrisorios de algunas multas. “Hoy, presentar una declaración jurada fuera de término cuesta 200 pesos. ¿Qué incentivo hay para cumplir?”, cuestionó.