El gobierno de Donald Trump publicó este martes el tradicional informe de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos a nivel global y en el caso de Argentina el reporte fue esta vez fue más escueto y general que el año pasado, sin brindar casos específicos ni mencionar casos de corrupción, una “frágil independencia judicial”, ni los “comentarios agresivos contra periodistas” por parte de funcionarios que había destacado el reporte del año anterior emitido durante el gobierno de Joe Biden.
El documento global del Departamento de Estado fue demorado algunos meses ya que los nuevos funcionarios de Trump modificaron drásticamente un borrador de la anterior administración para alinearlo con los valores de «Estados Unidos primero», según dijeron funcionarios del gobierno. El informe introdujo nuevas categorías como «Vida» y «Libertad» y «Seguridad de la persona».
Se eliminaron secciones específicas como denuncias de abusos basados en la orientación sexual, la violencia hacia las mujeres, la corrupción en el gobierno, la violencia racial o étnica sistémica o la negación de un juicio público justo.
El informe, que reporta la situación de 2024, esta vez incluyó solo 11 páginas sobre la Argentina en lugar de las 33 del año pasado.
Analistas de derechos humanos señalaron a Clarín que el gobierno de Trump suavizó drásticamente las críticas a algunos países que son fuertes socios del presidente republicano, como El Salvador e Israel, que según expertos en el tema tienen un sólido historial de abusos a los derechos humanos. En cambio, el Departamento de Estado hizo sonar la alarma sobre la erosión de la libertad de expresión en Europa y aumentó las críticas a Brasil y Sudáfrica, con los que Washington se ha enfrentado.
Cuando se le preguntó este martes sobre la percepción de que el Departamento de Estado diluyó los informes de los países que trabajan en estrecha colaboración con la administración, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo: «obviamente, el presidente Trump es alguien que ha estado trabajando con muchos países» y dijo que los informes deben verse «como una indicación de nuestro punto de vista en general, de que no hay ningún país que sea señalado para condenar o elogiar».
Respecto de Argentina, otro firme aliado del gobierno de Trump, el informe dice que “no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos durante el año”. Señala que figuran “informes creíbles de asesinatos arbitrarios o ilegales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; y arrestos y detenciones arbitrarias”.
Y agregó que “el gobierno tomó medidas limitadas y creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos”.
Pero no menciona casos específicos, ni temas de corrupción ni de independencia judicial, como en informes anteriores.
Respecto a crímenes de lesa humanidad, el reporte afirma que “los tribunales federales continuaron procesando a sospechosos de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar de 1976-83” y destacó que durante el año, “un tribunal federal de La Plata condenó a dos ex policías a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad; un tribunal federal de la ciudad de Buenos Aires condenó a cuatro ex policías y agentes de la gendarmería a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad”.
Apunta que en marzo, el Ministerio de Defensa “clausuró el Equipo de Reconocimiento y Análisis Documental del Archivo de las Fuerzas Armadas, que proporcionaba documentación e informes al proceso judicial sobre cadenas de mando y personal militar involucrado en acciones ilegales”.
Respecto a la libertad de prensa, dijo que el gobierno respetaba ese derecho. Sin embargo, señaló que “hubo varios ataques físicos contra oficinas de medios” y que el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) informó que del 1 de enero al 5 de septiembre se registraron 108 incidentes de violencia y acoso contra periodistas.
Destacó que en septiembre, el gobierno de Milei emitió un decreto que “otorgó al poder ejecutivo una mayor discreción para retener información, incluidos los registros de visitantes y los informes de gastos, y restringió el acceso a los documentos previos a la decisión”. También menciona que FOPEA advirtió que grupos criminales intimidaron y amenazaron a periodistas, particularmente en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.
El único caso que se menciona con nombre y apellido es el del periodista Nelson Castro recibió amenazas de muerte mientras informaba sobre el narcotráfico y la violencia de las pandillas en Rosario.
En el informe del año pasado se señalaba que la libertad de prensa era respetada, aunque existían “comentarios agresivos contra periodistas” por parte de líderes políticos y demandas judiciales contra comunicadores que no fueron mencionados este año.
El reporte difundido este martes tiene un amplio capítulo respecto de los derechos de los trabajadores y señala que “la nueva legislación promulgada en julio redujo algunas protecciones laborales. La ley extendió el período de prueba permitido para los nuevos empleados y permitió a las empresas despedir a los trabajadores por participar en bloqueos, sentadas o intimidar a los trabajadores que no estaban en huelga”. Y señaló que otro decreto presidencial de diciembre de 2023 amplió la lista de servicios esenciales y que los sindicatos impugnaron las nuevas regulaciones.
“Los trabajadores domésticos del sector informal siguieron siendo los más afectados por la falta de protección social y la aplicación ineficaz de las leyes laborales. El sector de la confección tenía altas tasas de empleo informal, al igual que las pequeñas empresas, las granjas y los proyectos de construcción”.
Respecto de torturas o casos degradantes, dijo que “entre enero y marzo de 2024, la Fiscalía del Sistema Penitenciario registró 77 casos de abuso o maltrato y registró 72 víctimas. El CELS y otras organizaciones de derechos humanos denunciaron varios casos de abusos dentro de las comisarías y prisiones federales contra detenidos que fueron detenidos durante una protesta frente al Congreso Nacional el 12 de junio”.
A nivel general, el informe suavizó su mirada sobre El Salvador, donde Estados Unidos deportó a migrantes venezolanos a principios de este año, y es mucho más corto que el publicado el año pasado. El último reporte afirma que «no hubo informes creíbles de abusos significativos contra los derechos humanos» en 2024, un marcado contraste con el informe de 2023 que hablaba de «importantes cuestiones de derechos humanos» y las enumeraba como informes creíbles de asesinatos ilegales o arbitrarios, tortura y condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales.
El informe sobre Israel incluye una documentación mucho menos extensa de informes de abusos contra los derechos humanos, omitiendo cualquier referencia a «cuestiones significativas de derechos humanos», que se encuentra en el informe de 2023. No hay referencia a las denuncias de tortura de detenidos palestinos por parte de funcionarios del gobierno israelí, que se incluyeron en el informe del año anterior.
En países tradicionalmente aliados como Alemania, Francia y el Reino Unido, el último informe alegó un deterioro de la situación de los derechos humanos en 2024, señalando que «los problemas significativos de derechos humanos incluyeron informes creíbles de graves restricciones a la libertad de expresión». Los funcionarios de la administración Trump han arremetido contra las naciones europeas con acusaciones de retroceso en la libertad de expresión.
En Brasil, donde la administración Trump se ha enfrentado con el gobierno, el Departamento de Estado encontró que la situación de los derechos humanos empeoró, cuando el informe de 2023 no encontró cambios significativos. El informe de este año apuntó a los tribunales, afirmando que tomaron medidas que socavaron la libertad de expresión y suprimieron de manera desproporcionada el discurso de los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, entre otros.
El nuevo documento levantó críticas: «El informe demuestra lo que sucede cuando las agendas políticas tienen prioridad sobre los hechos», dijo Josh Paul, ex funcionario del Departamento de Estado y director de la organización no gubernamental A New Policy. «El resultado es un producto muy abreviado que refleja más un lanzamiento de propaganda soviética que un sistema democrático».