El fallecimiento de Alejandra “Locomotora” Oliveras, excampeona mundial de boxeo, volvió a estar en el centro de la escena tras una presentación judicial que encendió las alarmas. Según informó el periodista Mauro Szeta, la cremación del cuerpo fue suspendida luego de que se presentara una denuncia formal en la Justicia.
Esta misma es particularmente para que se investigue si su muerte estuvo relacionada con prácticas irregulares y redes delictivas vinculadas al deporte de alto rendimiento. Cabe destacar que los últimos minutos de la Locomotora fueron dramáticos.
La denuncia fue impulsada por la abogada santafesina Patricia Noemí Apesteguy, en representación del fisicoculturista Aldo Sergio Parodi, quien planteó que el fallecimiento de la boxeadora debe ser considerado como una “muerte dudosa”.
“Presentamos esta denuncia en función de que nuestro cliente considera que es una muerte dudosa la de Locomotora Oliveras y que existe mafia”, declaró Apesteguy. La letrada sostuvo que en el mundo del deporte hay ausencia total de regulación en el uso de sustancias peligrosas, y que eso podría haber tenido consecuencias graves en la salud de la deportista.
“No existe ningún tipo de control en las sustancias prohibidas que hacen daño a la salud”, aseguró.
“Una mujer no puede acrecentar su masa muscular como ella lo hizo de ser de una contextura pequeña a transformarse en una persona enorme. Eso no se logra naturalmente”, agregó.
Además, explicó que Parodi “es campeón de fisicoculturismo, conoce lo que sucede en ese ambiente y sabe que los anabólicos pueden producir presión arterial alta, una de las causas que provocan ACV, como el que sufrió Alejandra”.
La denuncia ya tuvo impacto en el plano legal. Desde la Unidad Fiscal Santa Fe del Ministerio Público Fiscal de la Nación, se emitió una orden urgente al cementerio donde se iba a realizar la cremación, exigiendo que no se proceda hasta evaluar si corresponde una autopsia judicial.
“La presente medida obedece a que esta Unidad Fiscal ha tomado conocimiento (…) de la voluntad manifestada por los familiares de proceder a la cremación del cuerpo (…) lo cual podría comprometer la obtención de evidencia relevante para el establecimiento de los hechos”, señala el documento firmado por la auxiliar fiscal.
Ante la complejidad del caso, la Justicia Federal de Santa Fe se declaró incompetente y giró las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación provincial, que ahora deberá determinar si investiga el hecho como una muerte con componentes delictivos.