La jueza Loretta Preska volvió a emitir una resolución judicial en contra de los intereses del país y favoreciendo el reclamo de los fondos buitres. Se enmarca en el litigio que se origina a partir de la nacionalización parcial de YPF en el año 2012. Este lunes, se conoció el fallo en el que Preska -la sucesora de Thomas Griesa- ordena al Estado argentino entregar el 51% del paquete accionario de la compañía a Burford Capital. Esta decisión causó impacto en la Bolsa: las acciones de YPF terminaron la jornada con caídas de hasta un 5 %.
En el fallo se lee: “Por las razones expuestas anteriormente, se ACEPTA la moción de los Demandantes. La República deberá (i) transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de esta orden; y (ii) instruir a BNYM para iniciar la transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones Clase D de YPF a los Demandantes o sus designados dentro de un día hábil desde la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”.
Horas más tarde, la jueza con amplia experiencia en causas corporativas y financieras, dictó otro fallo contra los intereses del país y esta vez a favor del fondo buitre Bainbridge. “En un segundo fallo emitido el mismo día, la jueza federal de distrito Loretta Preska ordenó a la República Argentina transferir sus acciones de YPF al fondo Bainbridge como pago parcial de una sentencia separada relacionada con deuda soberana en default. Esto marca la segunda decisión adversa en un solo día relacionada con la participación de Argentina en la empresa petrolera nacional”, sostiene un analista al diario Ambito.com.
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En 2023, la misma jueza falló a favor de los fondos que litigan contra la Argentina. En un fallo escandaloso, ordenó al Estado argentino pagar 16.000 millones de dólares a Burford Capital. En aquel momento, Milei respaldó esa decisión de tinte claramente colonial. Ahora, desde el gobierno anuncian que apelarán el nuevo fallo judicial, pero son acciones que no resuelven nada. Mientras la justicia estadounidense avanza sobre los recursos estratégicos del país, este Gobierno ha mostrado estar completamente alineado con los intereses del capital financiero internacional y sus empresas.
El caso YPF
En 2012, ante un grave déficit energético, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso la nacionalización parcial de YPF. Lo que en su momento se festejó desde el oficialismo como un avance en la “soberanía hidrocarburífera”, en realidad fue una recompra de acciones (a precios altísimos) a la multinacional Repsol, para asociarse con otras petroleras imperialistas y explotar petróleo y gas no convencional. Dando los primeros pasos del modelo extractivista que utiliza el método de fracking, denunciado globalmente por sus efectos altamente contaminantes.
A pesar de los discursos y las posturas en defensa de la “soberanía” nacional, en 2012 no hubo expropiación integral de los recursos y de la infraestructura. De hecho, más del 80% de la producción de petróleo y del gas siguió en manos privadas -incluyendo la parte privada de YPF-, en su gran mayoría empresas imperialistas.
El fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, en el caso de YPF es una injerencia inaceptable sobre la soberanía nacional. Repudiable.
Mi posición es que las estafas no se pagan, así que todo lo que ya se llevaron es «de arriba» porque la privatización de YPF fue un…— Myriam Bregman (@myriambregman) July 1, 2025
El acuerdo con Chevron, firmado en 2013, expuso el verdadero trasfondo de la nacionalización de YPF bajo la gestión de Axel Kicillof. Lejos de apuntar a una auténtica soberanía energética, el gobierno de Cristina Kirchner buscaba atraer al gran capital imperialista para impulsar la exploración y producción de hidrocarburos. Para ello, se establecieron condiciones excepcionales que facilitaron la entrada de capitales extranjeros, selladas en un acuerdo secreto. Así, quedó en evidencia que los intereses del gran capital prevalecían por encima de cualquier retórica sobre soberanía nacional.
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Pero lo que habilitó esta expropiación con pago fue la posibilidad de litigios judiciales. ¿Cómo? El estatuto de YPF establecía que el Poder Ejecutivo estaba obligado a ofrecer la misma opción de compra que le ofrecía a Repsol a los demás accionistas. Al no hacerlo dio lugar al reclamo judicial. Entre quienes litigaron se encontraban el Grupo Eskenazi, que luego vendió los derechos a los fondos especulativos como Burford Capital. No es la primera vez que el grupo Burford busca hacer negocios con a costa de beneficiarse del país. También intervino en el caso de Marsans, la exdueña de Aerolíneas Argentinas.
La estrategia de Kicillof y Cristina Kirchner, una recompra parcial del 51% del paquete accionario de YPF, que incluyó una compensación a Repsol por 15 años de vaciamiento, tampoco cuestionó la posibilidad de litigios en tribunales extranjeros.
Como plantea la izquierda, avanzar en la soberanía energética implica una nacionalización íntegra de todo el sistema hidrocarburífero, desde la explotación hasta la refinación, sometiéndolo al control de sus trabajadores, para organizar la utilización de estos recursos en función de las necesidades sociales y permitiendo una apropiación íntegra de la renta. Para que la organización de este sector estratégico no quede subordinada a la estrecha perspectiva de rentabilidad empresaria ni se habilite sin miramientos ambientales la explotación no convencional. Frente al avance del imperialismo sobre los recursos estratégicos del país, imponiendo fallos colonialistas, es necesario desconocer esos mecanismos de saqueo. Romper los lazos de subordinación y ajuste que implica también estar bajo el régimen del FMI.
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