Luego de que la Justicia desestimara las dos denuncias penales presentadas por el presidente Javier Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad, este último reveló que el mandatario apeló al cierre de la causa, lo que calificó como un «ataque a la libertad de expresión».
«El presidente Javier Milei apeló el cierre de la causa penal que me inició», señaló el periodista a través de su cuenta de X y explicó que el caso quedó en manos de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por «Mariano Llorens, designado por Macri con el que se juntó en Olivos; Pablo Bertuzzi, designado a dedo por Macri y Leopoldo Bruglia, designado a dedo por Macri».
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El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
«Sigue el ataque a la libertad de expresión. Y seguiremos sin miedo y haciendo periodismo», manifestó el politólogo en el mensaje que publicó junto a la apelación realizada por el presidente libertario.
Hace una semana, el juez federal Daniel Rafecas desestimó las denuncias penales que Milei presentó contra Carlos Pagni y Ari Lijalad acusándolos de realizar notas que afectaban su honor «al asociar su figura con prácticas genocidas aberrantes, afectando su honra» y el honor objetivo «al menoscabar su reputación pública ante la comunidad mediante dichas afirmaciones difamatoria».
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El magistrado consideró que, en ambos casos, las expresiones emitidas por los periodistas están protegidas por el derecho a la libertad de prensa, por lo que no constituyen delito alguno.
En el caso de Pagni, el mandatario lo denuncio luego de que el comunicador, durante la emisión del programa Odisea Argentina (LN+) del 28 de abril, realizó un análisis histórico que, según el presidente, sugería un paralelismo entre el inicio de su gobierno y Adolf Hitler.
«No se atribuyó delito alguno ni se deshonró intencionalmente al denunciante», sostuvo Rafecas sobre el caso y explicó que las declaraciones del comunicador se encuadran en el marco del «debate político», lo que impide que se realice cualquier tipo de sanción penal, aunque el mandatario consideró que se afectó su honor y reputación.
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En su argumento, el juez citó principios constitucionales y tratados internacionales que consagran la libertad de expresión. Al mismo tiempo, trajo a colación el fallo «Kimel vs. Argentina» de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual estipula que los funcionarios públicos se exponen a un mayor grado de crítica.
En lo que respecta al caso de Ari Lijalad, el mandatario lo denunció por una columna publicada el 4 de mayo en El Destape que se tituló: «Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi». De la misma forma, en el expediente el juez determinó la inexistencia de delito y cerró la causa, aunque esta fue apelada por el presidente libertario.
AS./fl