Este martes, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra Cristina Kirchner en el contexto de la causa Vialidad. Por su edad, 72 años, la expresidenta puede solicitar cumplir la condena en arresto domiciliario.
En esta causa, es considerada responsable por defraudación contra la administración pública al favorecer a Lázaro Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz. Al mismo tiempo, otras nueve personas fueron acusadas y hubo cuatro absoluciones. Entre las personas absueltas se encuentran Julio De Vido, Abel Fatala -que fue el segundo de José López en la secretaría de Obras Públicas- y el extitular de la AGVP Héctor Garro. También el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner, Carlos Santaigo Kirchner.
Uno por uno: la situación de los acusados por la causa vialidad
Cristina Fernández de Kirchner
La expresidente fue acusada por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Fue absuelta, en tanto, de ser integrante de una asociación ilícita. «Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Fernández», sostuvo el fiscal Diego Luciani, quien consideró que ella y Néstor Kirchner fueron quienes dieron las órdenes para que se llevara adelante todos los actos administrativos que direccionaron obra pública vial a las empresas de Báez y la posterior neutralización de los controles sobre sus obras.
Luciani también la responsabilizó por el «plan salida» que se llevó adelante cuando el kirchnerismo perdió las elecciones, articulado entre Lázaro Báez y las autoridades nacionales para «limpiar todo» y no dejar rastros del sistema que había sido implementado y continuado durante 12 años para, según la acusación, defraudar al Estado. En este sentido, el Tribunal Oral Número 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, fue el que dio el veredicto, ahora ratificado por la Corte. De esta forma, la expresidenta quedó condenada a 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por el delito de fraude al Estado.
Lázaro Báez
El empresario patagónico era el dueño de Austral Construcciones y de otro paquete de empresas que recibieron una enorme cantidad de contratos de obras públicas viales en Santa Cruz. «Llevó a cabo un rol trascendental como oferente y contratista de las licitaciones», que, según el fiscal, fueron empleadas como medio para favorecerlo. El fiscal Luciani aseguró que Báez deberá responder en carácter de partícipe necesario de la asociación ilícita y aludió a cómo se gestó la relación entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner y cómo el empresario creó Austral Construcciones y las empresas relacionadas. Las licitaciones fueron manifiesta y deliberadamente amañadas para que resultaron adjudicatarias algunas de las empresas de Lázaro Báez.
«Sin importar si las obras se hacían o no en el tiempo y forma contractual, Báez recibía siderales sumas de dinero injustificadamente», resaltó Luciani. Y lo consideró responsable de varias normas de la ley de obra pública. «Báez empleó sus empresas como parte indispensable para que la maniobra funcionara. Tenía un trato preferencial. Esto no podría haber sucedido de otro modo si no fuera porque la maniobra se encontraba dirigida desde el poder presidencial», añadió.
Y continuó: «Báez manejaba sus expedientes en el distrito 23. Para Báez se dictó las resoluciones 1005, para neutralizar controles, y la 899, para que cobrara antes. No lo controlaban los órganos de control provinciales. A Báez el Estado le proporcionó planes de regularización impositiva a medida. Esquivaba el control de la IGJ, miraban para otro lado. Tenía línea directa con el secretario de obra pública y por su intermedio con la presidenta de la Nación, a través de quiénes cobraba los certificados y con quien le armaron el plan de salida. Fue económicamente beneficiado por la maniobra. Volcó a su patrimonio personal los ingresos que ilícitamente obtuvo que ilegalmente recibió a través de las licitaciones ilegales en varios casos con abultados sobreprecios». Y dijo que Báez fue «el niño mimado de las autoridades presidenciales«.
Para hablar del perjuicio al Estado, el fiscal Mola primero aludió al peritaje realizado sobre cinco de las 51 obras que fueron adjudicadas a Báez. Citó los cinco casos y, en base a las conclusiones de los peritos Roberto Panizza y Juan Pablo Eloy Bona, (por parte de la Corte Suprema y de la Fiscalía), dijo que se encontraron en esos cinco contratos de obras más de 173 millones de dólares de sobreprecios.
«Considerado que el perjuicio al Estado está constituido, no resulta menor 5321 millones de pesos, aproximadamente 1000 millones de dólares. La suma debería ser actualizada», precisó Mola. La condena fue de 6 años de prisión como partícipe de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Julio De Vido
El exministro de Planificación Federal está acusado como otro de los organizadores de la asociación ilícita. Según un tramo de la acusación fiscal, Julio De Vido «modificó las partidas presupuestarias en favor de la Dirección Nacional de Vialidad y destinó $102.500.000 extra para el pago de obras por convenio». «Tenía el deber de administrar y velar por el patrimonio del erario», dijo Luciani. «De Vido también tuvo un rol de importancia en la canalización de fondos hacia Báez. No solo en el comienzo de la maniobra, sino en la ejecución del plan limpiar todo». Sin embargo, fue absuelto.
José López
También conocido como «el hombre de los bolsos«, López ostentó durante 12 años el cargo de secretario de Obras Públicas. Los fiscales resaltaron en cómo López reportaba a Cristina Kirchner por determinadas obras que tenían asiento en la provincia de Santa Cruz y en su vínculo aceitado con Lázaro Báez y sus colaboradores.
El fiscal Sergio Mola recordó algunos de los mensajes del celular de José López que exhibió el fiscal Diego Luciani a lo largo de su alegato para señalar el involucramiento de Cristina Kirchner en obras que estaban a cargo de Lázaro Báez y para sostener que tanto José López como Abel Fatala, que trabajaba bajo su órbita, estaban relacionados y tenían intervención sobre las órbitas de la Dirección Nacional de Vialidad. Finalmente, fue condenado a 6 años de prisión por defraudación al estado.
Nelson Periotti
Fue titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante los tres gobiernos kirchneristas. A su vez, fue intendente de Río Turbio y titular de la Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz; cargo que tuvo mientras Néstor Kirchner mientras fue gobernador de esa provincia. «La relación de confianza es uno de los motores que dio inicio a la maniobra y la mantuvo en movimiento» resaltó Mola hoy respecto de la designación de Periotti como titular de la DNV. Fue condenado a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de fraude a la administración pública.
Mauricio Collareda
Se trató del jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la DNV. Según la acusación, desde su rol intervino en la contratación y ejecución de numerosas obras que tenían las empresas de Lázaro Báez y de otras en las que la DNV resultaba comitente. «Se modificaron ítems, se echó mano a invocar la peor crisis de la historia, en todos los casos legalmente inadmisibles o insuficientemente acreditados, el plazo de 36 meses se elevó a 102, el costo de la obra se elevó a más de 319 millones de pesos, tuvo un incremento del contrato de más del 100% y pese a todo esto la obra fue abandonada. Acá intervinieron estos funcionarios», resaltó al respecto Collareda y Daruich. Fue condenado a 4 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por defraudar al Estado.
Juan Carlos Villafañe
Fue jefe de la AGVP desde septiembre de 2006 hasta diciembre de 2007. Antes fue intendente de Río Gallegos y también fue Jefe del Distrito 23 de Vialidad Nacional (con competencia sobre Santa Cruz). «Fue designado como jefe de distrito por decisión de Nelson Periotti y fue el primero en acatar la resolución 1005.
De esa manera se dejaron asentadas las bases en el distrito para las maniobras ilegales y marcó el camino que siguieron luego los siguientes jefes de distrito″, aseguró el fiscal Luciani. Fue condenado a 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.
Raúl Daruich
Se trata de uno de los responsables del Distrito N°23 Santa Cruz de la DNV. Su responsabilidad está vinculada, según la acusación, al trámite de los procesos licitatorios de los que resultaron adjudicatarias las empresas de Lázaro Báez. En el caso de las obras llevadas a cabo por la suscripción de convenios entre la DNV y la AGVP en cada uno de los.
Allí Daruich se relacionó con Miguel Salazar, un empleado de Lázaro Báez que, según ratificaron testigos y sostuvieron los acusadores en este juicio, tenía un lugar informal pero de peso en la AGVP. Fue condenado a 3 años y seis meses de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudar al Estado.
Raúl Pavesi
Se trata de otro de los titulares de la AGVP y tuvo intervención directa en la adjudicación de obras viales a Báez. El fiscal Luciani citó ejemplos de las licitaciones en las que participó Pavesi y dijo: «Se puede advertir cómo en todos los casos competían dos o tres empresas de Báez y siempre Petersen y a veces otras como Equimac o CPC. En todos los casos Austral presentaba el mismo representante técnico sin importar el lugar geográfico a desarrollar las obras o que no se encontrara comprometido en otras obras. La empresa adjudicataria no aportó el certificado para adjudicación que era de suma relevancia. Y en todos los casos accedía a anticipos financieros». Fue condenado a 4 años y seis meses de prisión, como también inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por fraude al Estado.
Abel Fatala
Fue otro de los titulares de la AGVP y tuvo intervención directa en la adjudicación de obras viales a Báez. El fiscal Luciani dio ejemplos de las licitaciones en las que participó Pavesi y dijo: «Se puede advertir cómo en todos los casos competían dos o tres empresas de Báez y siempre Petersen y a veces otras como Equimac o CPC. En todos los casos Austral presentaba el mismo representante técnico sin importar el lugar geográfico a desarrollar las obras o que no se encontrara comprometido en otras obras. La empresa adjudicataria no aportó el certificado para adjudicación que era de suma relevancia. Y en todos los casos accedía a anticipos financieros». Finalmente fue absuelto.
José Raúl Santibáñez
Fue presidente del directorio de AGVP e intervino en los actos administrativos correspondientes a, al menos, 20 obras y autorizó incrementos de montos en contratos de obras ad referéndum incluso en casos donde el plazo había sido excedido. Igual que a los exfuncionarios provinciales, a Santibáñez se le imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Autorizó ampliaciones de plazo fundadas en razones financieras. Lo condenaron a 4 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Héctor Garro
Se trata del expresidente de la AGVP. El fiscal Diego Luciani argumentó que si bien Garro ejerció la presidencia de AGVP entre 2005 y 2006, ya se desempeñaba en esa dependencia con anterioridad y había tenido participación en actos administrativos que resultaron favorables a Lázaro Báez. «No desconocía ni era ajeno a la maniobra cuando asumió. Era vicepresidente del directorio de la AGVP antes de ser titular y ahí cometió actos administrativos que adjudicaron obras a Báez», dijo el fiscal. No obstante, fue absuelto.
Carlos Santiago Kirchner
«Es necesario trazar una distinción respecto de Carlos Santiago Kirchner«, resaltó Luciani al referirse al exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner. «No llevó adelante los controles sobre Lázaro Báez que debía llevar, pero la prueba recolectada no indica que Carlos Kirchner ha intervenido efectivamente en la realización de obra pública vial en Santa Cruz», dijo. «Omitió el cumplimiento de las disposiciones del decreto que establecía sus obligaciones y por ende incumplió con sus deberes como funcionario público», dijo el fiscal, aunque consideró que Carlos Santiago Kirchner no participó de la asociación ilícita. Esto fue validado por los jueces del TOF 2. Finalmente fue absuelto.