El proceso judicial que lleva adelante la justicia brasilera, sobre la regulación de las redes sociales, fue retomado por la Corte Suprema de ese país en un procedimiento que se realiza por primera vez en América Latina.
La corte continuará analizando el papel de las plataformas en la propagación de noticias falsas, discursos de odio y su responsabilidad sobre contenidos publicados por los usuarios.
La causa ocurre en paralelo al juicio que se le sigue al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y varios excolaboradores, por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva.
Según la fiscalía, los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y justificar sus acciones.
El máximo tribunal debe definir de qué manera las plataformas pueden recibir sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios.
Otro punto clave es si las empresas tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial como dicta el marco regulatorio actual.
Qué votarán los jueces de la Suprema Corte brasileña
Un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014 establece que las plataformas solo son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar dichos contenidos. Sobre la constitucionalidad o no de este artículo deberán votar los jueces de la Corte Suprema.
Ya tres de los once magistrados que integran al tribunal superior lo hicieron, entre ellos el presidente de la corte, Luis Roberto Barroso, y todos se pronunciaron por una mayor responsabilización de esas empresas.
Lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.
Este país es pionero mundial con respecto a las responsabilidades de las plataformas, ya que en agosto de 2024, el juez de la corte suprema, Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación.