Con fecha del 8 de enero, el gobierno de Javier Milei presentó la apelación al fallo de la justicia del distrito estadounidense de Columbia de hace un mes que obliga a la Argentina a pagar US$ 389 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
De esta forma, el país busca revertir la demanda del fondo Titan Consortium ante la justicia norteamericana, que habilitó la ejecución de una sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
“De conformidad con las Reglas 3 y 4 de las Reglas Federales de Procedimiento de Apelación, por la presente se notifica este 8 de enero de 2025 que el demandado, la República Argentina, apela ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia la orden y sentencia final del Tribunal de Distrito, dictada el 10 de diciembre de 2024, a favor del demandante, Titan Consortium, LLC, y en contra del demandado, así como cualquier otra orden dictada por el Tribunal de Distrito, incluyendo, entre otras, la orden del Tribunal de Distrito dictada el 19 de agosto de 2024, que negó la moción del demandado para desestimar”, sostiene la presentación local compartida vía X por Sebastián Maril, analista de Latam Advisor.
En noviembre, la Argentina y Titan Consortium habían arribado a un acuerdo sobre los términos y condiciones de la sentencia por el caso de expropiación de Aerolíneas. Entonces, el país debía pagar US$ 389,5 millones incluyendo intereses. A partir, de ese día se siguen sumando intereses a una tasa variable, que al inicio era de 5,11%. El 11 de diciembre, la Corte del distrito de Columbia falló a favor de los demandantes en lo que se conocía como la sentencia final.
La llegada de Titan Consortium a este proceso judicial se dio luego de que le comprara los derechos de litigio al fondo Burford Capital, otro conocido de la Argentina, ya que es litigante contra el país en el caso YPF.
Una histórica demanda
A fines de agosto de 2021, el fondo de inversión había presentado una demanda de ‘Enforcement’ para obligar al Estado argentino a pagar una sentencia en su contra de US$ 320 millones, la cual fue dictada originalmente en 2017 por el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Según el reclamo, la Argentina nunca pagó esta sentencia del CIADI, que había quedado en firme en 2019, poco antes del traspaso de la banda presidencial por parte de Mauricio Macri a Alberto Fernández. La presentación de Titan fue en los tribunales de Columbia, en el distrito de Washington, cuya corte deberá designar qué juez se hará cargo.
Entre octubre de 2001 y julio de 2008, la sociedad Interinvest, dueña de las acciones de Aerolíneas, había quedado en manos de Air Comet, una pequeña aerolínea española controlada, a su vez, por empresarios del turismo, cuya marca más conocida era la agencia Marsans. En poco tiempo, aquí se los comenzó a llamar Grupo Marsans.
Marsans había comenzado su gestión con el apoyo de los gremios aeronáuticos, los cuales en 2001 se habían opuesto a un plan de ajuste de Aerolíneas que por entonces quería llevar a cabo el Estado español, que había recibido las acciones de la línea aérea luego de haber sido gestionada desde su privatización por Iberia y American Airlines.
En junio de 2001, tras un prolongado paro contra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) española a cargo de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), Aerolíneas debió pedir su concurso preventivo. En octubre, fue el traspaso de las acciones desde la SEPI española a Marsans.
Ya con Cristina Kirchner como presidenta, y Ricardo Jaime todavía como secretario de Transporte, Marsans terminó de tirar la toalla a mediados de 2008, cuando dejó de pagar un déficit mensual que por entonces rondaba los US$ 25 millones.
En julio de 2008, Jaime y el ministro de Planificación, Julio De Vido, se hicieron presentes en el edificio de Aerolíneas en la torre Bouchard para hacerse cargo de la empresa. Designaron como interventor al entonces ex intendente de La Plata, Julio Alak. Una ley que ese mismo año votó el Congreso puso las acciones de Aerolíneas ‘sujetas a expropiación‘.
Un año más tarde, en julio de 2009, Alak fue reemplazado por Mariano Recalde, actual senador y dirigente de La Cámpora, quien se hizo cargo de Aerolíneas, secundado por el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Para ese momento, uno de los tres dueños de Marsans, Gonzalo Pascual, ya había fallecido, mientras que sus socios, Gerardo Díaz Ferrán y el ex presidente de Aerolíneas, Antonio Mata, enfrentaban cargos de defraudación ante la Justicia española (luego serían condenados). Fue por entonces que presentaron la demanda por la expropiación de Aerolíneas ante el CIADI.
El fallo del tribunal del Banco Mundial demoró nueve años. En el medio, los españoles vendieron la titularidad del juicio al fondo Burford por US$ 25 millones. Burford, a su vez, le cedió los derechos del juicio de Aerolíneas al fondo Titan, el cual ahora busca cobrar los más de US$ 389 millones.
SN