La agenda judicial impulsada por el gobierno de Martín Llaryora irrumpió con fuerza en el último tramo del año legislativo. Gran parte de esa hoja de ruta -el nombramiento de Jessica Valentini para ocupar la vacante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y otros cinco pliegos de altos cargos judiciales-se aprobó en la última sesión del 2024 entre navidad y año nuevo.
En medio del choque de fuerzas entre oficialistas y los halcones de Juntos por el Cambio por la agenda judicial del Poder Ejecutivo generó mucho ruido interno el proyecto del libertario Agustín Spaccesi sobre la creación del Tribunal de Casación Penal que plantea para su funcionamiento la designación de siete jueces y cuatro fiscales.
La iniciativa de Spaccesi, cuyo texto -según las versiones opositores- responde a la autoría de influyentes funcionarios de la administración llaryorista, cayó como una bomba en el máximo tribunal de justicia y levantó la guardia de los halcones cambiemistas ante los rumores de su sanción exprés. Algo que, finalmente, no se dio en el cierre del primer año legislativo de la era Llaryora.
Llaryora impulsa una Reforma Judicial: el nuevo Tribunal de Casación Penal genera muchas tensiones
El presidente del TSJ, Luis Angulo, fue el encargado de manifestar preocupación por la falta de debate previo a una reforma de tal magnitud que apunta a la línea de flotación de la Sala Penal del máximo cuerpo de justicia.
En la misma sintonía, la Asociación de Magistrados de Córdoba abogó por un debate amplio y destacó la importancia de considerar la experiencia de los actores judiciales en estas decisiones que repercutirán en el funcionamiento de la justicia.
Señales del gobierno
Tras escucharse las expresiones, que sonaron a quejas, de las altas esferas judiciales, desde el Centro Cívico se envió un mensaje a la cúpula del máximo tribunal para aliviar tensiones respecto al proyecto de Spaccesi y otros expedientes -por caso el régimen de detenciones cautelares y la creación del Sistema Interdisciplinario de Gestión de Medidas Alternativas- que “se frenaron” para que tengan discusión y consenso a partir de febrero próximo con el retorno de la actividad legislativa.
En este contexto, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, afirmó en la tarde de este lunes que “las reformas judiciales requieren diálogo y consenso, y deben darse dentro del marco de trabajo interinstitucional”.
“Seguiremos trabajando para mejorar el servicio de justicia, de manera coordinada y respetando la independencia del Poder Judicial, entendiendo que debemos trabajar juntos para resolver los problemas existentes”, señaló, a través de X, el titular de la cartera gubernamental encargada del vínculo institucional con el Poder Judicial.
Ante el revuelo que se armó por el proyecto del libertario, que el oficialismo lo cuenta como un aliado en las leyes clave, una alta fuente del Panal manifestó: “El de Casación no es un proyecto del gobierno”.
Así el interlocutor salió al cruce de las fuertes versiones que dan cuentan de que la iniciativa del representante de la Libertad Avanza sobre el Tribunal de Casación haya surgido de la usina del Centro Cívico.
“El de Casación no es un proyecto del gobierno, y es coincidente nuestra posición con la del TSJ en cuanto que necesita otros tiempos y acuerdos para poder avanzar”, enfatizó la influyente voz con acceso a los principales despachos del Panal.
2025, será otro año para avanzar en la agenda judicial
Entre los asuntos que se “frenaron” en la Unicameral y pasaron para el 2025 en materia de agenda judicial se destaca la reforma a la Ley 8.123, Código Procesal Penal de la Provincia, sobre el régimen de detenciones cautelares y la creación del Sistema Interdisciplinario de Gestión de Medidas Alternativas (tobilleras electrónicas) en el Ministerio Público Fiscal.
En la última sesión del año legislativo, el oficialismo y la oposición acordaron la vuelta a comisión de la “Ley Montero”. El proyecto impulsado por el Ejecutivo, aunque ingresó bajo autoría de las principales espadas legislativas del oficialismo, que establece la Ley de Procedimiento Penal Juvenil de la provincia, pasó para el 2025.
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El foco está puesto en las reglas aplicables para niños, niñas y adolescentes no punibles que cometan delitos graves. Esta parte del articulado de la futura norma es de alta sensibilidad. El argumento que se escuchó para su vuelta a comisión fue la necesidad de mayor análisis en la letra fina del texto que despachó el PJ.
Por último, la iniciativa de Spaccesi acerca del Tribunal de Casación será materia de abordaje en las comisiones cuando se retorne a la labor parlamentaria. “Queremos que se debata en comisión y se escuche a todos los especialistas en la materia y, oficialmente, al Poder Judicial, a la Asociación de Magistrados y a los colegios públicos”, había señalado el libertario a PERFIL CÓRDOBA para desestimar el tratamiento exprés de su proyecto que puso en alerta al propio TSJ.