El Tribunal Supremo de España dictó una sentencia histórica contra Roja Directa, la conocida web de transmisiones deportivas ilegales, condenándola a pagar 31,6 millones de euros en concepto de indemnización. La sanción responde a las actividades ilícitas realizadas durante la temporada 2014-2015, cuando la web retransmitió partidos de LaLiga cuyos derechos pertenecían al Grupo MediaPro.
La sentencia señala a Puerto 80 Projects, empresa propietaria de Roja Directa, y a su administrador, Igor Seoane, como responsables directos de estas infracciones. De la suma total establecida, €15,8 millones serán cubiertos solidariamente por Seoane.
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Además, el fiscal del caso solicitó una pena de cuatro años de prisión para el administrador, mientras que MediaPro y LaLiga buscan extender la condena a seis años.
Javier Tebas, presidente de LaLiga, celebró la decisión judicial en redes sociales, asegurando que este es solo el comienzo en la lucha contra la piratería. «¡Van cayendo! Y los que caerán serán peces gordos como Google y Cloudflare, que también se lucran con este robo», escribió.
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¡Van cayendo¡ y los que caerán, y serán peces gordos . Google, Cloudfare, entre otrow…también por se lucran con este robo.https://t.co/OEaKx6Tuy2
— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) December 20, 2024
Roja Directa, la página que cambió la historia de la piratería
Desde su creación, Roja Directa operó como una plataforma de acceso gratuito a eventos deportivos protegidos por derechos de propiedad intelectual. Este modelo le permitió generar ingresos multimillonarios a través de publicidad y acuerdos con casas de apuestas, todo mientras perjudicaba económicamente a los legítimos dueños de los derechos.
La lucha legal contra la página comenzó hace casi una década, con MediaPro liderando las denuncias y esfuerzos por cerrar la plataforma. LaLiga también se sumó al proceso, denunciando las pérdidas significativas que las transmisiones ilegales ocasionaban a la industria deportiva.
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El sitio Roja Directa.
Con esta resolución, se cierra un capítulo importante en la batalla contra la piratería deportiva, aunque el camino hacia la erradicación total de estas prácticas aún está lejos de terminar. La sentencia no solo establece un precedente, sino que refuerza el mensaje de que los derechos de propiedad intelectual deben ser respetados en todos los ámbitos.
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