El oficialismo avanzó este lunes en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales con la firma del dictamen favorable a la reforma a la ley 10.915, del Ministerio Público de la Defensa (MPD), por la cual se crearán dos defensorías adjuntas más en su seno. La iniciativa generó un nuevo choque de fuerzas con la oposición.
Según la orgánica actual que todavía no está constituida, la cúpula del MPD estará conformada por un Defensor General y dos adjuntos. Por impulso de los legisladores peronistas Victoria Busso, Bernardo Knipscheer y Julieta Rinaldi, se sumarán dos defensorías adjuntas con competencias específicas: en materia de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género; y en materia civil y de familia.
El proyecto oficialista obtuvo despacho de mayoría este lunes, por lo cual quedó en condiciones de llegar al recinto en los próximos días. Algunas voces de la Unicameral sostienen que podría ser tratado este miércoles, aunque fuentes oficialistas estiman que se trataría en la última sesión, del 27 de diciembre, con todo el paquete judicial.
Esta movida del PJ se da en medio de la tensión con el interbloque Juntos por el Cambio (JxC) que ya adelantó su rechazo al pliego de designación de Jessica Valentini para ocupar la vacante en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que se abordará en el último del año legislativo.
Además del nombramiento de la jurista -“radical ida” al “cordobesismo”- en el alto tribunal de justicia de Córdoba, el oficialismo aprobará -con los números no tan holgados como quisiera- los pliegos de Pablo Bustos Fierro como Defensor General del MPD y de Pablo Pupich como Defensor Adjunto del mismo organismo.
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La bancada radical referenciada en Rodrigo de Loredo, los halcones de Luis Juez y el liberal Gregorio Hernández Maqueda, quienes conforman el interbloque opositor van por el rechazo a los tres pliegos mencionados. En su embestida, los cambiemistas sumaron su negativa a la ampliación de la cúpula del MPF.
En el combo opositor se incluye la derogación del Fuero Anticorrupción y el pedido de jury de enjuiciamiento al defensor oficial Eduardo Caeiro, por la filtración de exámenes en Tribunales.
Despachado
El texto que tuvo dictamen favorable modifica los artículos 6 y 12 de la ley 10.915 (MPD). Por un lado, el artículo 6, sobre su integración, quedó redactado de la siguiente manera: “El Ministerio Público de la Defensa está integrado por un Defensor General, cuatro Defensores Adjuntos y los Defensores Públicos de los diversos fueros. Sus cargos se encuentran equiparados en sus remuneraciones a los del Fiscal General, sus Adjuntos y demás Fiscales del Ministerio Público Fiscal, respectivamente. El Defensor General puede establecer el orden de subrogación entre éstos, en caso de vacancia, ausencia o impedimento”.
A su vez, se modifica el artículo 12 de dicha norma que establece las funciones de las defensorías adjuntas que, originalmente eran dos y, ahora, se incorporan otras dos con competencias específicas.
Cabe recordar que “la ley del MPD, aprobada en 2023, reivindica el papel de la defensa pública como un mecanismo fundamental del Estado de Derecho”, señalaron desde el oficialismo en sus argumentos.
Voces parlamentarias
Si bien en el ámbito de las comisiones se coincidió en que la defensa pública es fundamental; legisladores de JxC y de otros bloques del arco opositor anticiparon su rechazo a la iniciativa.
“No voy a apoyar un ensanchamiento del Estado”, afirmó la legisladora deloredista Alejandra Ferrero (UCR), quien consideró que es necesario dotar de más recursos dado el aumento de la demanda, que “no necesariamente se resolverá con las nuevas defensorías”.
Desde el Frente Cívico, Walter Nostrala, cuestionó el proyecto impulsado por el peronismo. “Recién arranca la ley de Ministerio Público de la Defensa y ya pretendemos agrandarla”, lanzó. La espada juecista adelantó el rechazo de la bancada halcón.
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La radical Brenda Austin, por su parte, señaló: “Comparto el principio de especialidad y el concepto de paridad de armas, pero un debate como este debe estar fundado en datos. Por ejemplo, cómo va a ser el crecimiento de su planta funcional”.
En el fogoneo a la iniciativa, Busso afirmó que “hay un debate de paradigmas ante la defensa pública: jerarquizar y robustecer la estructura de la defensa publica es algo que empezamos a discutir desde el año pasado”. “Los propios defensores públicos vienen a pedir esta ampliación estructura”, enfatizó la integrante del bloque PJ en defensa del proyecto que avanzará en el hemiciclo legislativo.
De la reunión conjunta de comisiones participaron Pedro Yanzi Aspell, secretario de Justicia del Ministerio de Justicia de Córdoba; Pablo Sánchez Latorre, director de Política Judicial y Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba; y Analía Kiehl, asesora letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial.
Los legisladores oficialistas e invitados coincidieron en que el MPD es un órgano necesario para favorecer el acceso a la Justicia de los sectores vulnerables de la sociedad. Con la aprobación de esta iniciativa, la conducción del Ministerio Público de la Defensa quedará equiparada a la del Ministerio Público Fiscal.