Era un proyecto que viene trabajando Jorge Macri, junto a su ministro de Justicia, Gabino Tapia, desde el comienzo de la gestión. Y también fue una de las promesas de campaña. En este caso particular, la Legislatura porteña aprobó ayer la creación del Fuero laboral de la Ciudad. Es decir, la posibilidad de que una empresa o un trabajador se presente ante juzgados nuevos para tratar un caso vinculado a lo laboral.
Según se establece en la iniciativa todos los nuevos magistrados tendrán que concursar y sus pliegos pasarán por la Legislatura, como en los otros fueros. De esta manera, según fuentes parlamentarias, en un plazo no mayor a un año deberían comenzar a funcionar estos juzgados que convivirán con los ochenta nacionales.
La CGT ya venía poniendo el grito en el cielo por esto. Hubo distintas manifestaciones en contra. Aunque, en la discusión en comisión, los sindicalistas admitieron que los juzgados nacionales están colapsados de
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expedientes y que el promedio de años para una sentencia arranca en seis y va hasta los ocho años. Sin embargo, en la central obrera, dada la íntima relación de muchos de sus abogados con los jueces laborales nacionales, no quieren perder su influencia allí. Por ello argumentaron un conflicto de jurisdicciones y propusieron crear diez juzgados nacionales nuevos. La iniciativa no tuvo consenso.
Con esta norma el abogado de una parte puede presentarse en la Ciudad ya porque la empresa o el empleado trabajen en territorio porteño, porque el domicilio del empleado sea en CABA o donde se celebre el contrato de tareas sea la Ciudad. Hoy todas las provincias cuentan con su propio fuero laboral.
Diego García Vilas fue legislador porteño, es abogado especialista en derecho del Trabajo, y es el titular del Observatorio de Políticas Laborales de la Ciudad, el organismo que viene trabajando desde el Consejo de la Magistratura porteño, para avanzar con este proyecto. Ante PERFIL explicó: “Tuvimos reuniones con jueces de la Ciudad, nacionales y de varias provincias donde tomamos las observaciones que nos hicieron para tener un Código Procesal Laboral moderno”.
Gabriela Zangaro es la abogada y consejera que estuvo a cargo de la comisión de Transferencias y quien, con el apoyo de la administradora del Poder Judicial
porteño, Genoveva Ferrero, le dieron un marco institucional al debate del proyecto de manera paralela al trabajo parlamentario donde el ministro Tapia y los bloques dialoguistas, además del PRO (con el vicepresidente de la Legislatura porteña, y también abogado, Matías López a la cabeza), estuvieron discutiendo durante meses la iniciativa.