El legislador Carlos Briner (UCR) fogonea una reforma parcial de la Constitución Provincial a un año del comienzo de la era LLaryora. Pasaron 23 años de la última vez que se retocó el código, ante lo cual, el parlamentario boina blanca entiende que “es necesario realizar una revisión” de la carta magna provincial.
Volver al sistema bicameral de la Legislatura, la legitimación procesal para el Defensor del Pueblo, la ficha limpia, el balotaje en la elección provincial y la limitación de sólo dos períodos para ejercer el cargo de gobernador y vice, son algunos de los ejes centrales de la propuesta de reforma constitucional del legislador radical.
La iniciativa lleva la rúbrica de Briner, quien no esperó a sumar más firmas entre sus pares de bancada, y avanzó a paso firme con la presentación del proyecto de ley que declara la necesidad de reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Volver a la Bicameral
A la hora de desmenuzar los puntos clave de la iniciativa, el radical promueve retornar al régimen bicameral de la Legislatura cordobesa sin aumentar el número actual de 70 legisladores. La reingeniería legislativa pasaría por conformar una Cámara de Diputados de 44 representantes, considerando a la provincia como distrito único.
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A su vez, la Cámara de Senadores se integraría por 26 senadores elegidos a razón de uno por cada uno de los departamentos en que se divide la provincia. Los mandatos de cuatro años no sufrirían variación.
La vuelta a la bicameral traería aparejada las referencias a sala acusadora y sala juzgadora por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que en el actual sistema unicameral no fueron conformadas. Esta disposición es clave para el caso de juicio político.
Tras un análisis exhaustivo de las razones esgrimidas en su momento que dio paso al sistema actual, el autor del proyecto señaló que el balance del funcionamiento de la legislatura unicameral “es negativo”.
De su iniciativa se desprenden, en ese sentido, el riesgo por la “sobrerrepresentación” oficialista y el no haber fortalecido la independencia del Legislativo del Poder Ejecutivo. Además, la justificación de la austeridad no movió el amperímetro ya que en uno u otro sistema su incidencia en el presupuesto general “no es significativa”. En cuanto a la productividad legislativa se advierte que la Unicameral no demuestra ser mucho más productiva que la bicameral.
Balotaje y sólo dos mandatos
La iniciativa del integrante del bloque UCR contempla incorporar la doble vuelta en la elección de gobernador y vice. Este sistema constituye un mecanismo de legitimación popular en el caso de ausencia de mayoría absoluta en la primera vuelta, se señala en los fundamentos del proyecto.
No obstante, este mecanismo de segunda vuelta sólo está presente en cuatro provincias (Corrientes, Chaco, Chubut y Tierra del Fuego) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Por otro lado, fija una limitación a la reelección indefinida. Más allá que se ven amañadas por sucesiones o enroques, esto constituye una debilidad del principio republicano de periodicidad de las funciones. Por lo tanto, el proyecto establece el impedimento que cualquier ciudadano pueda ejercer el cargo de gobernador por más de dos períodos.
Defensor del Pueblo
La reforma prevé, en primer lugar, la necesidad de constitucionalizar los requisitos de idoneidad y trayectoria en la defensa de los derechos humanos para ocupar la titularidad de este organismo.
Se impulsa, además, otorgarle al Defensor del Pueblo la legitimación procesal activa, una demanda que viene siendo reclamada por distintas voces que pasaron por la Legislatura en distintos períodos.
De esta manera, se busca fortalecer sus atribuciones, esenciales para el control de la administración pública y la defensa de los derechos ciudadanos.
Tribunal de Cuentas
Con la premisa de mejorar el control de legalidad en materia financiera, se promueve mantener el Tribunal de Cuentas, pero modificando su integración, número de miembros, sistema de elección y período de permanencia de sus miembros en los cargos.
Asimismo, la propuesta de reforma reconoce otra alternativa. Sustituir el Tribunal de Cuentas por una Contraloría General, con atribuciones sobre el control externo de la Administración Pública, en forma preventiva y a posteriori. También incluye el doble control sobre la actividad de Agencias, organismos del Estado y sociedades de economía mixta.
Sobre la base del rol de contralor, se demanda incorporar la participación de la oposición en la administración y control de entidades, empresas y sociedades del Estado.
Ficha Limpia y vocal TSJ
De igual modo, la iniciativa hace hincapié en dos puntos que cobran notoriedad por su vigencia. Por estos días, se adelantó que Córdoba tendrá su ley de Ficha Limpia y, antes que finalice el año, la Unicameral prestará acuerdo al pliego de designación de la “radical” Jessica Valentini, actual funcionaria del gobierno del PJ, en la vocalía vacante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En este marco, el parlamentario radical impulsa que Ficha Limpia tenga rango constitucional. Y, además, instituye la prohibición -vía la Constitución- de que funcionarios del Poder Ejecutivo puedan integrar el TSJ a propuesta de un gobernador del mismo partido político.
Esta exigencia opositora se enmarca en casos recientes: el titular del alto tribunal, Luis Angulo, fue funcionario en los distintos gobiernos de Juan Schiaretti, y designado por el tres veces gobernador. Y, ahora, se sumará Valentini, quien desempeñó funciones en la administración provincial y municipal de los gobiernos radical y peronista, siendo reconocida su amistad con Martín LLaryora.
El proyecto de ley de Briner de reforma parcial a la Constitución Provincial se sustenta en el análisis de 17 proyectos dirigidos a la modificación constitucional que se han presentado en diferentes períodos legislativos y en las recomendaciones que incluye el Dictamen de la Comisión Consultiva de Expertos para la Reforma Político-Electoral, creada a raíz de la polémica de la elección del 2007.